La Ciudad de México se convirtió en pionera nacional al aprobar su Ley del Sistema de Cuidados, una iniciativa que busca reconocer y redistribuir el trabajo doméstico y de cuidados no remunerado que históricamente han realizado las mujeres. La medida contrasta con las prioridades legislativas de otros estados y del Congreso federal, donde temas como el bienestar animal o reformas constitucionales sobre feminicidio han dominado la agenda reciente.
El vacío nacional en políticas de cuidados
México carece de un marco legal nacional integral sobre cuidados, a pesar de que el trabajo de cuidados no remunerado representa aproximadamente el 22% del PIB nacional, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Esta ausencia de legislación federal ha obligado a las entidades federativas a desarrollar sus propias iniciativas, creando un mosaico de políticas públicas desarticuladas.
El tema cobra particular relevancia ante el acelerado proceso de envejecimiento poblacional que vive México. Según proyecciones demográficas, para 2050 el 21% de la población tendrá más de 60 años, comparado con el 12% actual. Este cambio demográfico incrementará significativamente la demanda de cuidados, particularmente para personas adultas mayores con dependencias.
La alta participación laboral femenina —que alcanzó 45% en 2024— también presiona la necesidad de sistemas de cuidados. Las mujeres dedican en promedio 39.7 horas semanales al trabajo doméstico y de cuidados no remunerado, comparado con las 15.2 horas de los hombres, según el INEGI. Esta desigualdad limita las oportunidades económicas de las mujeres y perpetúa brechas salariales.
La iniciativa capitalina: alcances y limitaciones
Según el Congreso de la Ciudad de México, la Ley del Sistema de Cuidados aprobada busca "establecer las bases para garantizar el derecho al cuidado" y crear una "red integral de servicios de cuidados". Sin embargo, las fuentes disponibles no detallan aspectos cruciales como el presupuesto asignado, los mecanismos de implementación específicos o el cronograma de entrada en vigor.
La legislación local se enmarca en una tendencia regional latinoamericana. Uruguay fue pionero en 2015 con su Sistema Nacional Integrado de Cuidados, seguido por Chile y Argentina con iniciativas similares. Estos referentes internacionales muestran que la implementación efectiva requiere inversiones significativas: Uruguay destinó inicialmente 0.17% de su PIB al sistema.
La ausencia de información sobre el presupuesto específico para la implementación en la CDMX plantea interrogantes sobre la viabilidad real de la medida. Experiencias internacionales demuestran que los sistemas de cuidados requieren inversión sostenida en infraestructura, capacitación de personal y subsidios para familias de bajos ingresos.
Federalismo fragmentado: agendas legislativas divergentes
Mientras la CDMX avanza en cuidados, otros congresos locales han priorizado temas diferentes, evidenciando la falta de coordinación nacional en políticas sociales. En abril, según el Congreso del Estado de México, la legislatura mexiquense aprobó una ley de bienestar animal, reflejando una agenda centrada en derechos de los animales.
Por su parte, las comisiones del Senado aprobaron un proyecto para facultar al Congreso federal a expedir leyes generales en materia de feminicidio, según información oficial del Senado. Esta iniciativa busca homologar criterios nacionales para tipificar y sancionar este delito, pero no aborda las causas estructurales de la violencia de género que los sistemas de cuidados podrían ayudar a mitigar.
Esta fragmentación de agendas ilustra uno de los principales desafíos del federalismo mexicano: la ausencia de marcos de coordinación que permitan abordar problemas nacionales con respuestas integrales. Mientras algunos estados avanzan en temas de vanguardia social, otros mantienen enfoques más tradicionales, creando desigualdades territoriales en el acceso a derechos sociales.
Perspectivas económicas y sociales
Desde una perspectiva económica, los sistemas de cuidados pueden generar efectos multiplicadores significativos. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) estima que invertir 2% del PIB en el sector de cuidados podría crear entre 11 y 24 millones de empleos en la región, muchos de ellos para mujeres.
Sin embargo, el financiamiento representa el principal desafío. Los sistemas de cuidados requieren inversión pública sostenida, particularmente en contextos como el mexicano donde 43% de la población económicamente activa trabaja en la informalidad y tiene acceso limitado a esquemas contributivos de seguridad social.
El timing de la iniciativa capitalina también coincide con el inicio del gobierno de Claudia Sheinbaum, quien ha manifestado su compromiso con políticas de género. Su administración entregó recientemente la primera fase de remodelación del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, según informó El Universal, demostrando capacidad de ejecutar proyectos de infraestructura que podrían replicarse en el ámbito social.
Los retos pendientes de implementación
La aprobación de la ley representa apenas el primer paso en un proceso complejo de implementación. Las experiencias internacionales muestran que entre la aprobación legislativa y la operación efectiva de servicios pueden transcurrir varios años, particularmente cuando no existen recursos presupuestales claramente asignados.
Preguntas fundamentales permanecen sin respuesta: ¿cómo se coordinará esta iniciativa local con las políticas federales de salud y educación? ¿Qué sectores expresaron resistencia durante el proceso legislativo y por qué razones? ¿Cuáles serán los indicadores para medir el impacto de la ley?
La falta de información detallada sobre estos aspectos sugiere que el debate público en México aún no ha profundizado suficientemente en las complejidades técnicas y financieras de los sistemas de cuidados. Esto contrasta con países como Uruguay, donde el diseño del sistema involucró extensas consultas con organizaciones sociales, academia y sector privado.
El seguimiento de la implementación será crucial para determinar si esta iniciativa se convierte en un modelo replicable para otras entidades federativas o si queda como una declaración de principios sin impacto real en la vida de las personas que requieren y brindan cuidados en México.