Entre octubre de 2025 y junio de 2026, el sistema internacional de seguridad enfrentó una crisis sin precedentes: los conflictos armados alcanzaron máximos históricos según reportes de UN Women, mientras organismos multilaterales como la ONU y el G7 evidenciaron incapacidad estructural para contenerlos. La novedad no es solo cuantitativa —más guerras simultáneas— sino cualitativa: la violencia sexual y de género en zonas de conflicto se intensificó como estrategia sistemática, advirtió la entidad de Naciones Unidas para la igualdad de género en octubre pasado.
Esta convergencia de crisis —desde Ucrania hasta Medio Oriente, pasando por múltiples conflictos en África y Asia— expone la obsolescencia del orden multilateral construido tras 1945. El Consejo de Seguridad, paralizado por vetos de potencias permanentes, no ha logrado aprobar resoluciones vinculantes en conflictos clave como Siria (bloqueada desde 2011) o Ucrania (desde 2022). Mientras tanto, foros como el G7 debaten pero carecen de mecanismos para imponer decisiones.
Lo más revelador: ningún organismo internacional ha proporcionado cifras concretas sobre cuántos conflictos están activos, cuántos muertos acumulan o qué regiones concentran la mayor violencia. Esta opacidad informativa no es accidental —refleja la fragmentación del sistema de información internacional y la imposibilidad de generar consensos básicos incluso sobre hechos verificables.
La dimensión invisible: violencia de género como arma de guerra
En octubre de 2025, UN Women publicó una advertencia que pasó inadvertida en la mayoría de medios internacionales: "Las guerras contra las mujeres se intensifican a medida que los conflictos mundiales alcanzan máximos históricos". El reporte señaló que la violencia sexual sistemática, el desplazamiento forzado de mujeres y niñas, y la exclusión de voces femeninas en procesos de paz se han agudizado en paralelo al incremento de conflictos armados.
Según la entidad de la ONU, esta "guerra dentro de la guerra" opera en múltiples niveles: desde violaciones masivas como táctica de terror hasta la destrucción deliberada de infraestructura sanitaria que afecta desproporcionadamente a mujeres embarazadas y madres. Sin embargo, el reporte de UN Women no especificó métricas concretas —número de víctimas, países prioritarios, comparación con años anteriores— lo que dificulta dimensionar la escala real del problema.
La omisión de datos duros contrasta con la gravedad de las denuncias. ¿Se trata de un aumento del 10%, 50% o 200% respecto a la década anterior? ¿Qué conflictos específicos concentran esta violencia? ¿Existen patrones regionales o vinculados a actores armados particulares? Estas preguntas permanecen sin respuesta en el reporte público, lo que sugiere dos posibilidades: o los sistemas de monitoreo en zonas de guerra son insuficientes para generar estadísticas confiables, o existe resistencia política para publicar datos que comprometerían a gobiernos o grupos armados específicos.
Diez conflictos prioritarios sin nombres ni ubicaciones
En diciembre de 2025, International Crisis Group —organización considerada referente global en análisis de conflictos— publicó su lista anual de "10 conflictos para tener en la mira en 2026". La premisa es clara: identificar situaciones con alto riesgo de escalada o deterioro humanitario que requieren atención urgente de la comunidad internacional.
El problema: ninguna de las fuentes consultadas especifica cuáles son esos 10 conflictos. ¿Se trata de guerras en curso como Ucrania, Gaza, Sudán, Yemen o Myanmar? ¿Incluye tensiones latentes como Taiwán, la península coreana o el Sahel? ¿Considera crisis fronterizas en América Latina o el Caribe? La ausencia de esta información básica en coberturas mediáticas sugiere que los comunicados de prensa de organizaciones internacionales circulan sin que periodistas accedan a los informes completos o realicen seguimiento.
Esta opacidad tiene consecuencias prácticas. Sin saber qué conflictos concentran la preocupación de expertos, gobiernos y ciudadanos no pueden exigir rendición de cuentas a sus representantes en foros internacionales. La política exterior se vuelve abstracta, desvinculada de geografías y poblaciones concretas. Es la diferencia entre debatir "conflictos globales" como concepto genérico versus analizar por qué el Consejo de Seguridad bloqueó 14 resoluciones sobre Siria en una década o por qué el conflicto en el este de Congo ha generado 6 millones de desplazados internos sin cobertura mediática proporcional.
México rompe tradición de no intervención
En abril de 2026, México realizó un llamado inusual: urgió a fortalecer la ONU ante la crisis de conflictos internacionales, según reportó teleSUR. La declaración es significativa por dos razones. Primera, México ha mantenido desde 1930 la Doctrina Estrada, principio de política exterior que prohíbe intervenir en asuntos internos de otros países y reconoce gobiernos de facto sin emitir juicios. Segunda, gobiernos mexicanos recientes (2018-2024) enfatizaron la no intervención incluso en crisis regionales como Venezuela o Nicaragua.
¿Qué motivó este cambio de postura? Las fuentes no lo especifican, pero existen varias hipótesis plausibles. México enfrenta presión migratoria creciente desde Centroamérica y el Caribe, alimentada parcialmente por conflictos armados y violencia de pandillas con dimensión transnacional. Un fortalecimiento de capacidades de la ONU para prevenir conflictos podría reducir flujos migratorios forzados hacia la frontera sur mexicana.
Alternativamente, el llamado podría responder a cálculo geopolítico: con la revisión del T-MEC en 2026 y tensiones comerciales con Estados Unidos, México buscaría diversificar alianzas y posicionarse como actor constructivo en foros multilaterales. O bien, se trata de señalización hacia votantes —política exterior como extensión de política doméstica— sin compromisos concretos.
Lo relevante es qué NO sabemos: ¿Qué propuestas específicas presentó México? ¿Reforma del Consejo de Seguridad para incluir representación latinoamericana permanente? ¿Incremento del presupuesto de operaciones de paz? ¿Creación de mecanismos de intervención humanitaria que no requieran unanimidad del Consejo? Sin esta información, el llamado corre el riesgo de ser gesto simbólico sin consecuencias prácticas.
G7 debate sin decidir en cumbre de junio
En junio de 2026, la cumbre del G7 —que agrupa a Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón y Reino Unido— colocó los conflictos internacionales como tema central de agenda, según reportó France 24. El comunicado previo a la cumbre reconocía que la escalada de violencia global amenazaba no solo la seguridad regional sino la estabilidad económica de las potencias industrializadas: disrupciones en cadenas de suministro, crisis energéticas, flujos migratorios masivos y riesgo de uso de armas de destrucción masiva.
Sin embargo, ninguna fuente detalla qué acuerdos concretos se alcanzaron. ¿Hubo compromisos financieros para apoyar operaciones de paz de la ONU? ¿Se establecieron sanciones coordinadas contra actores que perpetúan conflictos? ¿Se crearon mecanismos de verificación de cese al fuego o protección de civiles? La ausencia de esta información en coberturas mediáticas sugiere dos escenarios: o la cumbre no produjo resultados sustantivos más allá de declaraciones genéricas, o los acuerdos alcanzados no fueron considerados noticiables por editores.
El G7 enfrenta una limitación estructural: carece de capacidad ejecutiva vinculante. A diferencia del Consejo de Seguridad de la ONU —que puede autorizar uso de fuerza o imponer sanciones obligatorias para todos los Estados miembros— el G7 funciona como foro de coordinación voluntaria. Sus decisiones dependen de que cada país las implemente en sus jurisdicciones nacionales, lo que genera asimetrías e inconsistencias.
Más problemático aún: el G7 no incluye a actores clave en múltiples conflictos actuales. China, potencia con intereses en África, Asia y creciente presencia en Medio Oriente, no participa. Rusia, actor directo en Ucrania, Siria y con influencia en el Sahel, fue expulsada del entonces G8 en 2014. India, con 1,400 millones de habitantes y tensiones fronterizas activas con Pakistán y China, tampoco tiene asiento. Cualquier estrategia de contención de conflictos que ignore a estas potencias está condenada al fracaso o la irrelevancia.
Contexto histórico: los picos de conflictividad desde 1945
Para dimensionar la afirmación de UN Women sobre "máximos históricos" es necesario compararla con picos previos de conflictividad global. El sistema internacional posterior a 1945 ha experimentado al menos cuatro momentos de crisis severa:
1. Guerra Fría (1947-1991): Aunque las superpotencias evitaron confrontación directa, financiaron y armaron conflictos proxy en Corea, Vietnam, Angola, Afganistán y Centroamérica. El Uppsala Conflict Data Program registra entre 30-40 conflictos armados activos simultáneamente durante los años 80, la década más violenta del periodo.
2. Post-Guerra Fría (1991-2001): Contrario a expectativas de "dividendos de paz", la década vio genocidios en Ruanda y Bosnia, guerras civiles en Sierra Leona y Liberia, desintegración de Yugoslavia y conflictos en el Cáucaso. El número de conflictos se mantuvo entre 25-35 anualmente.
3. Post-11 de septiembre (2001-2011): Las invasiones de Afganistán e Irak desestabilizaron regiones enteras. La "guerra contra el terror" se expandió a Yemen, Somalia, Pakistán y Sahel. Conflictos alcanzaron nuevamente 35-40 simultáneos hacia 2010.
4. Primavera Árabe y después (2011-presente): Levantamientos en Túnez, Egipto, Libia, Siria y Yemen generaron vacíos de poder que alimentaron guerras civiles prolongadas y ascenso de grupos yihadistas. La invasión rusa de Ucrania en 2022 reintrodujo guerra convencional entre Estados en Europa.
¿Cómo se compara 2025-2026 con estos periodos? Sin datos duros no es posible saberlo. Si UN Women se refiere a número absoluto de conflictos activos, estaríamos en niveles similares a finales de los 80 o 2010. Si el criterio es número de víctimas, guerras actuales en Ucrania, Sudán y Gaza generan cifras preocupantes pero inferiores a Vietnam (3 millones) o Ruanda (800,000 en 100 días). Si se mide riesgo de escalada a guerra nuclear, la tensión actual supera incluso momentos críticos de la Guerra Fría.
La parálisis del Consejo de Seguridad
El Consejo de Seguridad de la ONU, diseñado para mantener la paz internacional, se ha convertido en símbolo de parálisis institucional. Su estructura —cinco miembros permanentes con poder de veto (China, Estados Unidos, Francia, Reino Unido, Rusia) y diez rotativos sin veto— fue pensada para equilibrar poderes tras la Segunda Guerra Mundial. En la práctica, genera bloqueos sistemáticos.
Entre 2011 y 2025, Rusia y China vetaron más de 20 resoluciones sobre Siria, incluyendo propuestas para investigar uso de armas químicas y establecer zonas de exclusión aérea. Estados Unidos vetó múltiples resoluciones sobre el conflicto israelí-palestino. Francia y Reino Unido, aunque menos activos, también han usado el veto para proteger intereses en antiguas colonias africanas.
Esta dinámica tiene consecuencias devastadoras. En Siria, la imposibilidad de aprobar resoluciones vinculantes permitió que la guerra se prolongara 14 años con más de 500,000 muertos y 13 millones de desplazados. En Ucrania, Rusia —parte directa del conflicto— bloquea cualquier acción del Consejo contra sí misma. En Gaza, vetos estadounidenses impiden sanciones contra Israel incluso cuando organizaciones de derechos humanos documentan posibles crímenes de guerra.
Reformar el Consejo de Seguridad requiere unanimidad de sus miembros permanentes —es decir, que las potencias con veto acepten limitarlo o eliminarlo. Ningún gobierno en 80 años ha renunciado voluntariamente a este privilegio. Propuestas alternativas incluyen expandir miembros permanentes (agregando a India, Brasil, Nigeria, Alemania) o crear categoría de "miembros semi-permanentes" con mandatos de 10-15 años, pero todas enfrentan resistencia de actuales privilegiados.
Violencia de género: brecha entre derecho internacional y realidad
La denuncia de UN Women sobre intensificación de violencia contra mujeres en conflictos armados no es nueva —pero su persistencia evidencia fracaso de marcos normativos existentes. El derecho internacional humanitario prohíbe explícitamente violencia sexual en conflictos: las Convenciones de Ginebra (1949), el Estatuto de Roma que creó la Corte Penal Internacional (1998) y resoluciones del Consejo de Seguridad como la 1325 (2000) y 1820 (2008) reconocen violación y violencia sexual como crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad.
En la práctica, estas normas son sistemáticamente ignoradas. Casos documentados en conflictos recientes incluyen: violaciones masivas en Darfur (Sudán, 2003-2008), uso de violencia sexual por Boko Haram en Nigeria, abusos contra mujeres rohinyás en Myanmar, y denuncias de violaciones por todas las partes en la guerra de Tigray (Etiopía, 2020-2022). En muy pocos casos hay consecuencias legales: la Corte Penal Internacional ha condenado a puñado de comandantes de nivel medio, pero raramente a jefes de Estado o generales de alto rango.
La impunidad se explica por varias razones estructurales. Primero, en zonas de guerra activas es casi imposible investigar crímenes con estándares forenses que permitan condenas judiciales. Víctimas están desplazadas, testigos temen represalias, evidencia física se destruye. Segundo, fiscalías internacionales tienen recursos limitados y deben priorizar casos con mayor probabilidad de éxito. Tercero, gobiernos bloquean cooperación cuando sus propias fuerzas están implicadas —China y Rusia no reconocen jurisdicción de la CPI, Estados Unidos aprobó en 2002 la "Ley de Invasión de La Haya" que autoriza rescate militar de ciudadanos estadounidenses juzgados en esa corte.
UN Women propone enfoque distinto: no solo persecución de perpetradores sino inclusión de mujeres en procesos de paz. Estudios del Consejo de Seguridad muestran que acuerdos de paz negociados con participación femenina significativa (más del 30% de delegados) tienen 35% mayor probabilidad de durar al menos 15 años. Sin embargo, entre 1992 y 2019, solo 13% de negociadores y 6% de signatarios de acuerdos de paz fueron mujeres. En conflictos actuales prioritarios —Ucrania, Sudán, Yemen— la exclusión persiste.
Lo que falta por saber: preguntas sin respuesta
La cobertura de "máximos históricos" en conflictividad global está plagada de lagunas informativas que limitan severamente cualquier análisis riguroso. Entre las preguntas críticas sin respuesta están:
Sobre dimensión cuantitativa: ¿Cuántos conflictos armados están activos en 2026 según definiciones de Uppsala Conflict Data Program (mínimo 25 muertes relacionadas con combate al año)? ¿Cómo se distribuyen geográficamente? ¿Cuántos son guerras entre Estados vs guerras civiles vs conflictos no estatales? ¿Cuál es el número total de víctimas fatales en 2025 comparado con promedios de las últimas tres décadas?
Sobre los 10 conflictos prioritarios de ICG: ¿Cuáles son los criterios de selección —número de víctimas, potencial de escalada regional, riesgo de uso de armas químicas/nucleares, impacto humanitario? ¿Son conflictos nuevos o recrudecimientos de guerras existentes? ¿Qué zonas geográficas representan —África subsahariana, Medio Oriente, Asia Central, América Latina?
Sobre violencia de género: ¿Qué porcentaje de conflictos activos incluye uso documentado de violencia sexual como táctica de guerra? ¿Existen patrones —mayor prevalencia en conflictos donde participan grupos armados no estatales vs ejércitos regulares? ¿Cómo se comparan tasas actuales con datos de los Balcanes (1990s) o Ruanda (1994)? ¿Qué porcentaje de víctimas recibe atención médica y psicológica especializada?
Sobre respuesta internacional: ¿Qué presupuesto destinan países del G7 a operaciones de paz y ayuda humanitaria en zonas de conflicto? ¿Cómo se compara con gasto militar de esos mismos países? ¿Cuántas operaciones de mantenimiento de paz de la ONU están activas en 2026 y cuántas enfrentan déficits de personal o financiamiento? ¿Qué porcentaje de población en zonas de conflicto recibe asistencia humanitaria básica (alimentos, agua, refugio)?
La ausencia de estas respuestas no es falla individual de organismos o periodistas. Refleja fragmentación del sistema internacional de información: agencias de la ONU reportan con metodologías distintas, ONG publican datos parciales, gobiernos clasifican información por razones de seguridad. El resultado es un panorama donde todos afirman que la situación es grave, pero nadie puede cuantificar con precisión cuán grave ni comparar con seriedad histórica.
Perspectiva: ¿reforma posible o sistema obsoleto?
La crisis de conflictividad global de 2025-2026 plantea pregunta estructural: ¿El multilateralismo del siglo XX puede reformarse para enfrentar guerras del siglo XXI, o requiere refundación completa? Existen tres posiciones dominantes en este debate:
Reformistas argumentan que el problema no es el diseño institucional sino la falta de voluntad política. Proponen ajustes incrementales: expandir el Consejo de Seguridad a 20-25 miembros incluyendo potencias emergentes, crear mecanismo de veto colectivo (que requiera al menos 2-3 votos permanentes para bloquear resolución), fortalecer Corte Penal Internacional con más recursos y cooperación obligatoria. Esta posición es dominante en gobiernos medianos con tradición multilateralista (México, Canadá, países nórdicos).
Rupturistas sostienen que el sistema es irreformable porque beneficia a quienes tienen poder para bloquearlo. Proponen alternativas: alianzas regionales con capacidad de intervención (como Unión Africana que envía tropas sin esperar ONU), coaliciones de Estados democráticos que actúen fuera del Consejo de Seguridad (modelo OTAN en Kosovo 1999), o incluso acción unilateral de potencias dispuestas a asumir costos de intervención humanitaria. Riesgos evidentes: erosión completa del derecho internacional, guerras por proxy entre coaliciones rivales, repetición de errores como Irak 2003.
Realistas argumentan que el sistema funciona exactamente como fue diseñado: preservar equilibrio de poder entre grandes potencias evitando Tercera Guerra Mundial, aunque al costo de no poder detener conflictos medianos. Desde esta perspectiva, el Consejo de Seguridad cumple su función primaria —las potencias nucleares no se enfrentan directamente— y la parálisis en otros conflictos es precio aceptable. Esta posición es implícita en políticas de China, Rusia y sectores del establishment estadounidense.
México, con su llamado a fortalecer la ONU, parece alinearse con reformistas. Pero sin propuestas concretas, el riesgo es que el llamado se diluya en retórica vacía. La pregunta central persiste: si 80 años de experiencia demuestran que potencias no renuncian voluntariamente a privilegios, ¿qué incentivos podrían inducirlas a hacerlo ahora? ¿Una crisis humanitaria aún mayor que obligue a opinión pública en democracias a presionar gobiernos? ¿Colapso económico causado por disrupciones de conflictos que vuelva insostenible el statu quo? ¿Surgimiento de nueva potencia hegemónica que imponga orden distinto?
Mientras estas preguntas permanecen sin respuesta, los conflictos continúan —con o sin atención de organismos internacionales, con o sin cobertura mediática, con o sin datos verificables que permitan dimensionar la catástrofe. Y en cada uno de esos conflictos, como advirtió UN Women, las mujeres enfrentan una guerra adicional cuya invisibilidad garantiza su perpetuación.