Dos organismos del gobierno federal presentan versiones contradictorias sobre la trayectoria de la deuda pública mexicana. Mientras la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) declaró el 8 de junio que la deuda "se mantiene estable y crece a la par de la economía", el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) difundió un día antes datos que muestran que la deuda pública crece a un ritmo mayor que la economía. Esta discrepancia —entre dos fuentes oficiales sobre el mismo fenómeno— dificulta el análisis independiente de las finanzas públicas en un momento crítico: Moody's Investors Service rebajó la calificación crediticia de México el 20 de mayo, acercándola al borde del grado de inversión.

Contexto: México históricamente prudente, pero con presión creciente

México ha mantenido durante décadas una de las cargas de deuda más bajas entre economías emergentes del G20, producto de disciplina fiscal que se remonta a la crisis de 1994-1995. Sin embargo, enfrenta presión fiscal creciente por compromisos estructurales: el sistema de pensiones —que absorbe cada vez más recursos sin reforma paramétrica desde los años noventa—, proyectos de infraestructura de gran escala como el Tren Maya y la refinería de Dos Bocas, y una dependencia persistente de ingresos petroleros que están en declive.

La calificación crediticia es el termómetro que los mercados financieros internacionales utilizan para medir el riesgo de prestar dinero a un país. Moody's coloca actualmente a México en una posición vulnerable: una degradación adicional lo sacaría del "grado de inversión", categoría que obliga a fondos de pensiones y aseguradoras internacionales a mantener bonos en sus portafolios. Perder este estatus dispararía automáticamente los costos de financiamiento del gobierno mexicano, reduciendo el margen para gasto social o inversión pública.

Las calificadoras no evalúan únicamente el nivel de deuda como porcentaje del Producto Interno Bruto (PIB), sino la trayectoria fiscal: ¿aumenta o disminuye el déficit? ¿Existen reformas estructurales en marcha? ¿Los ingresos fiscales son sostenibles o dependen de commodities volátiles? En este contexto, la contradicción entre Hacienda e INEGI adquiere relevancia: si las propias autoridades no concuerdan sobre si la deuda acelera o no, ¿cómo pueden los mercados evaluar la trayectoria?

Los hechos: qué dicen los datos oficiales (y qué no dicen)

Según el reporte del INEGI difundido el 7 de junio, la deuda pública de México crece a un ritmo superior al de la economía. El instituto —organismo autónomo responsable de generar información estadística oficial— no especificó en su comunicado la tasa exacta de crecimiento de la deuda ni la comparó con la tasa de crecimiento del PIB, pero su conclusión es categórica: la proporción deuda/PIB está aumentando.

Un día después, el 8 de junio, la SHCP emitió un comunicado afirmando exactamente lo contrario: "La deuda pública se mantiene estable y crece a la par de la economía". Hacienda no proporcionó cifras que respalden esta afirmación ni explicó por qué su interpretación difiere de la del INEGI. Tampoco especificó si se refiere a deuda bruta o neta, interna o externa, ni el periodo de medición.

Ambas dependencias son fuentes oficiales del gobierno federal. El INEGI tiene autonomía constitucional desde 2006 precisamente para garantizar que las estadísticas nacionales no sean manipuladas por intereses políticos. Hacienda, en cambio, es parte del gabinete presidencial y su función incluye defender la política fiscal del gobierno. Esta diferencia institucional explica en parte la divergencia, pero no la resuelve: los ciudadanos, inversores y analistas necesitan saber cuál versión corresponde a la realidad cuantificable.

Ninguna de las dos dependencias ha publicado —al menos en los documentos referenciados— la cifra actual exacta de la deuda pública total. Las fuentes consultadas mencionan que un especialista de la Universidad Iberoamericana proyecta que la deuda pasará de 10.5 billones de pesos a 21.8 billones en menos de una década, lo que implicaría una duplicación. Sin embargo, la nota no especifica el nombre del académico, la metodología utilizada para la proyección, ni las variables consideradas (crecimiento económico esperado, déficit proyectado, tasas de interés futuras). Tampoco aclara si "menos de una década" significa siete, ocho o nueve años, lo que cambia sustancialmente la tasa de crecimiento anual implícita.

La degradación de Moody's: señal de alarma ignorada

El 20 de mayo —19 días antes de que Hacienda declarara la estabilidad de la deuda— Moody's rebajó la calificación crediticia de México, acercándola al borde del grado de inversión. Esta acción no fue un evento aislado: las calificadoras han expresado preocupación creciente por la trayectoria fiscal de México desde 2020, cuando el gasto extraordinario por la pandemia de COVID-19 aumentó el déficit sin que posteriormente se implementaran reformas para reducirlo.

Moody's evalúa no solo el nivel de deuda, sino la perspectiva fiscal: ¿tiene el gobierno capacidad de generar ingresos suficientes para cubrir sus compromisos sin recurrir a endeudamiento creciente? En el caso de México, la agencia ha señalado en informes previos tres factores de riesgo: la dependencia de ingresos petroleros en declive (la producción de Pemex cayó de 3.4 millones de barriles diarios en 2004 a menos de 1.7 millones en 2024), la falta de reformas estructurales en sectores clave como energía y pensiones, y el aumento de compromisos de gasto sin contraparte en ingresos fiscales.

El diario Expansión publicó el 5 de junio un análisis que presenta la menor deuda externa de México como "una ventaja frente a las calificadoras de crédito". El argumento es que México ha reducido su exposición a deuda denominada en dólares, lo que lo hace menos vulnerable a depreciaciones del peso. Sin embargo, este análisis no conecta con el hecho de que Moody's ya había degradado la calificación 15 días antes, lo que sugiere que esa ventaja —aunque real— es insuficiente para contrarrestar otros factores de riesgo. Ninguna fuente proporciona la proporción exacta entre deuda externa e interna en la composición actual.

Análisis: implicaciones de la contradicción oficial

La discrepancia entre Hacienda e INEGI no es un debate técnico menor: tiene consecuencias concretas para la credibilidad fiscal de México. Los mercados financieros internacionales dependen de información confiable y consistente para tomar decisiones de inversión. Cuando dos organismos del mismo gobierno presentan conclusiones opuestas sobre un indicador fundamental, la incertidumbre aumenta y, con ella, el riesgo percibido del país.

Esta incertidumbre se refleja en el costo de financiamiento. Aunque las fuentes consultadas no especifican cuántos puntos base aumentaron los rendimientos de los bonos gubernamentales tras la degradación de Moody's, estudios académicos demuestran que cada rebaja de calificación crediticia eleva entre 20 y 50 puntos base el costo de endeudamiento soberano en mercados emergentes. Para un país con deuda cercana al 50% del PIB (cifra estimada, no confirmada por las fuentes), esto implica miles de millones de pesos adicionales en pago de intereses cada año —recursos que dejan de estar disponibles para educación, salud o infraestructura.

La proyección del especialista de la Iberoamericana —duplicación de la deuda en siete años— es alarmante si se materializa, pero imposible de evaluar sin conocer la metodología. ¿Asume que el déficit fiscal se mantendrá en niveles actuales? ¿Considera posibles reformas fiscales? ¿Qué tasa de crecimiento económico proyecta? Sin estos datos, la cifra genera titulares pero no permite debate informado.

Comparativamente, otros países emergentes han enfrentado crisis de deuda por trayectorias similares. Argentina, por ejemplo, vio su deuda pública pasar de 40% del PIB en 2015 a más de 90% en 2020, lo que precipitó su noveno default soberano. Brasil estabilizó su deuda mediante reforma de pensiones aprobada en 2019, que elevó la edad de jubilación y endureció requisitos de acceso. México no ha implementado reforma comparable desde la privatización del sistema de pensiones en 1997, que resolvió el problema futuro pero dejó un pasivo enorme por pensiones en curso.

Lo que falta por saber: transparencia pendiente

Varias preguntas críticas quedan sin respuesta en la información disponible. Primera: ¿cuál es la cifra exacta de la deuda pública total de México según cada dependencia? SHCP e INEGI deben publicar no solo su interpretación de la tendencia, sino los números absolutos que fundamentan esa interpretación, desagregados por tipo de deuda (interna/externa, bruta/neta).

Segunda: ¿qué metodología usa cada organismo para medir el crecimiento de la deuda versus el crecimiento de la economía? Es posible que Hacienda use un deflactor distinto al del INEGI, o que incluya categorías diferentes de pasivos. Esta diferencia metodológica debe hacerse explícita para que analistas independientes puedan reconciliar las cifras.

Tercera: ¿cuáles fueron los factores específicos que Moody's citó para la degradación? La fuente de El País reporta la acción pero no detalla la justificación técnica. ¿Mencionó Moody's la trayectoria del gasto público, la falta de reformas estructurales, o simplemente la acumulación de deuda? Sin este contexto, es imposible evaluar si la degradación responde a factores coyunturales o estructurales.

Cuarta: ¿qué proyectan otras calificadoras? Moody's es una de tres grandes agencias (junto con Standard & Poor's y Fitch). ¿Han tomado S&P y Fitch acciones similares, o mantienen perspectivas distintas? La unanimidad o divergencia entre calificadoras señala si el problema es consenso de mercado o sesgo de una sola institución.

Quinta: ¿qué porcentaje del PIB representa actualmente la deuda pública y cómo se compara con sexenios anteriores? Esta cifra —estándar internacional para medir sostenibilidad fiscal— no aparece en ninguna de las fuentes consultadas. Su ausencia dificulta cualquier evaluación seria.

Implicaciones para ciudadanos: más allá de los números

Para el ciudadano promedio, el debate sobre deuda pública puede parecer abstracto. Sin embargo, tiene consecuencias directas en la vida cotidiana. Un gobierno que destina mayor proporción de sus ingresos al pago de intereses tiene menos recursos para invertir en servicios públicos. Si el servicio de la deuda pasa —hipotéticamente— de 2.5% del PIB a 4% en cinco años, esos 1.5 puntos porcentuales equivalen a decenas de miles de millones de pesos que dejan de estar disponibles para educación, salud o infraestructura.

Además, el costo de la deuda pública se traslada indirectamente al sector privado. Cuando el gobierno compite por financiamiento en los mercados, eleva las tasas de interés para todos: empresas que quieren invertir, familias que buscan crédito hipotecario, jóvenes que solicitan préstamos estudiantiles. La degradación crediticia de Moody's no afecta solo al Palacio Nacional; afecta el costo de capital en toda la economía.

La contradicción entre Hacienda e INEGI plantea también una pregunta sobre transparencia fiscal. En una democracia funcional, los ciudadanos tienen derecho a información clara y consistente sobre el estado de las finanzas públicas. Cuando dos organismos oficiales presentan versiones opuestas, el resultado es desconfianza —y la desconfianza tiene costos económicos reales en forma de fuga de capitales, menor inversión extranjera y mayor prima de riesgo.

El gobierno debe reconciliar esta contradicción mediante la publicación de datos completos, metodologías explícitas y proyecciones fundamentadas. Solo así será posible un debate informado sobre el equilibrio entre gasto social necesario y sostenibilidad fiscal de largo plazo. La estabilidad macroeconómica no es un lujo técnico: es la base sobre la cual se construye el bienestar sostenible.