Mientras el gobierno federal mexicano mantiene una política de "cero contacto" con Ecuador tras la ruptura diplomática de 2024, funcionarios mexicanos de diversos niveles están proporcionando información al gobierno estadounidense de Donald Trump, según reveló The New York Times. Simultáneamente, el gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo, contrató como asesor a Roger Stone, operador político republicano cercano al expresidente estadounidense, según reportó El Imparcial. Ambos hechos evidencian canales paralelos de comunicación entre sectores del Estado mexicano y la administración Trump que operan al margen de los mecanismos diplomáticos tradicionales.
Roger Stone: el controversial asesor que conecta México con el trumpismo
La contratación de Roger Stone por parte del gobierno de San Luis Potosí representa uno de los vínculos más directos —y controvertidos— entre una administración estatal mexicana y el círculo íntimo de Donald Trump. Stone, de 74 años, es considerado uno de los operadores políticos más polémicos del Partido Republicano estadounidense, con una trayectoria que abarca desde la campaña de Richard Nixon en 1972 hasta su papel central en la elección de Trump en 2016.
En 2019, Stone fue declarado culpable de siete cargos federales, incluyendo obstrucción a la justicia, manipulación de testigos y mentir al Congreso durante la investigación sobre la interferencia rusa en las elecciones de 2016. Fue sentenciado a 40 meses de prisión, pero Trump conmutó su condena en julio de 2020, meses antes de dejar la Casa Blanca. En diciembre de ese mismo año, Trump le otorgó el indulto presidencial completo. Esta historia judicial convierte su contratación por un gobierno mexicano en un hecho sin precedentes que plantea interrogantes sobre los servicios específicos que presta y el marco legal bajo el cual opera.
Según El Imparcial, el gobierno de Gallardo está pagando por servicios de asesoría a Stone, aunque no se especifica el monto del contrato ni la naturaleza precisa de sus funciones. La opacidad de este arreglo contrasta con la obligación de transparencia que rige a los gobiernos estatales mexicanos. ¿Por qué un gobernador mexicano recurriría a un operador político estadounidense condenado por delitos federales en lugar de utilizar los canales diplomáticos oficiales entre México y Estados Unidos? Esta pregunta permanece sin respuesta pública.
Funcionarios mexicanos como fuentes del gobierno estadounidense
El reportaje de The New York Times revela que funcionarios mexicanos se han convertido en informantes del gobierno de Trump, aunque el extracto disponible no especifica qué niveles de gobierno están involucrados —si se trata de funcionarios federales, estatales o municipales— ni qué tipo de información están proporcionando. Esta colaboración ocurre en el contexto de investigaciones por narcotráfico que, según El Imparcial, tienen "bajo la lupa a políticos mexicanos".
Los antecedentes de este tipo de colaboración bilateral son complejos y han generado crisis diplomáticas previas. En octubre de 2020, agentes de la DEA arrestaron en Los Ángeles al general Salvador Cienfuegos, entonces secretario de Defensa de México durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, acusándolo de vínculos con el cártel H-2. El gobierno mexicano presionó intensamente para que fuera liberado y devuelto a México, donde la Fiscalía General de la República lo exoneró en enero de 2021, alegando que las pruebas estadounidenses eran insuficientes. Este caso fracturó temporalmente la cooperación en materia de seguridad entre ambos países.
Similarmente, el exgobernador de Nayarit Roberto Sandoval Castañeda ha sido señalado por autoridades estadounidenses de tener vínculos con el narcotráfico, aunque nunca ha sido formalmente procesado en México. Estos antecedentes explican por qué la revelación del Times sobre funcionarios mexicanos actuando como informantes genera preocupación: ¿se trata de cooperación institucional autorizada por el gobierno federal mexicano, o de acciones unilaterales que podrían violar la soberanía nacional y los protocolos de colaboración bilateral?
La paradoja diplomática: ruptura con Ecuador, colaboración con Estados Unidos
La colaboración informativa con el gobierno de Trump contrasta dramáticamente con la postura del gobierno mexicano hacia Ecuador. Según reportó PolíticoMX, México mantiene una política de "cero contacto" con Ecuador desde abril de 2024, cuando fuerzas policiales ecuatorianas asaltaron la embajada mexicana en Quito para arrestar al exvicepresidente ecuatoriano Jorge Glas, quien se había refugiado allí solicitando asilo político.
Ese incidente, considerado una violación flagrante de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas, llevó a México a romper relaciones diplomáticas con Ecuador y presentar una demanda ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya. La postura del gobierno de Claudia Sheinbaum ha sido inflexible: no habrá contacto alguno con el gobierno de Daniel Noboa hasta que Ecuador ofrezca reparaciones y garantías de que no volverá a violar la inmunidad diplomática.
Sin embargo, esta firmeza diplomática con Ecuador no se refleja en la relación con Estados Unidos. Mientras México exige respeto absoluto a su soberanía en casos como el ecuatoriano, funcionarios mexicanos estarían proporcionando información a un gobierno estadounidense históricamente intervencionista en asuntos de seguridad interna mexicana. Esta selectividad plantea preguntas sobre los criterios que guían la política exterior mexicana: ¿qué violaciones de soberanía son tolerables y cuáles no? ¿Existen intereses estratégicos que justifican tratos diferenciados?
Las investigaciones por narcotráfico: contexto y tensión bilateral
El reportaje de El Imparcial vincula la colaboración entre funcionarios mexicanos y el gobierno de Trump con investigaciones por narcotráfico que involucran a políticos mexicanos. Aunque no especifica qué investigaciones están en curso ni qué políticos están siendo señalados, el contexto es revelador. Durante la primera administración de Trump (2017-2021), el entonces presidente estadounidense presionó constantemente al gobierno mexicano en materia de combate al narcotráfico, llegando incluso a amenazar con designar a los cárteles mexicanos como organizaciones terroristas, lo que habría habilitado operaciones militares unilaterales estadounidenses en territorio mexicano.
La DEA y otras agencias estadounidenses mantienen operaciones permanentes en México, teóricamente bajo acuerdos de cooperación bilateral, pero la historia reciente muestra que estas agencias no siempre informan plenamente al gobierno mexicano sobre sus investigaciones. El caso Cienfuegos evidenció que la DEA construyó un caso contra el militar de más alto rango de México sin notificar a las autoridades mexicanas hasta el momento de su arresto, generando una crisis de confianza que llevó al gobierno de Andrés Manuel López Obrador a restringir las actividades de los agentes estadounidenses en territorio nacional.
Si funcionarios mexicanos están proporcionando información directamente al gobierno de Trump en el contexto de investigaciones por narcotráfico, ¿lo están haciendo dentro de los marcos de cooperación bilateral establecidos, o se trata de canales extraoficiales que podrían comprometer investigaciones mexicanas y violar protocolos de intercambio de inteligencia? La falta de transparencia sobre este punto es preocupante. En democracias funcionales, la cooperación en materia de inteligencia y seguridad debe estar sujeta a supervisión legislativa y debe operar dentro de marcos legales claros que protejan la soberanía nacional.
Implicaciones para la soberanía y la política exterior
La combinación de funcionarios mexicanos actuando como informantes y gobiernos estatales contratando operadores políticos estadounidenses cercanos a Trump plantea desafíos significativos para la coherencia de la política exterior mexicana. Tradicionalmente, México ha defendido el principio de no intervención en asuntos internos de otros países y ha exigido el mismo trato recíproco. Sin embargo, estos canales paralelos de comunicación sugieren una erosión de esos principios en la práctica.
El gobierno federal mexicano no ha emitido un posicionamiento oficial sobre ninguno de estos hechos. La Secretaría de Relaciones Exteriores no ha confirmado ni desmentido el reportaje del New York Times, ni ha comentado sobre la contratación de Stone por parte del gobierno de San Luis Potosí. Este silencio es problemático porque permite que la narrativa sea construida unilateralmente por medios y actores estadounidenses, sin que la versión mexicana sea escuchada.
Desde una perspectiva de política interna, la contratación de Roger Stone por un gobernador mexicano plantea preguntas sobre lealtades políticas y potenciales conflictos de interés. Stone es conocido por su capacidad para ejecutar campañas de desprestigio, manipulación de información y operaciones políticas encubiertas. ¿Qué servicios específicos está prestando a un gobierno estatal mexicano? ¿Hay otros gobernadores o funcionarios de alto nivel que también hayan establecido canales similares con operadores republicanos estadounidenses?
Lo que permanece sin responder
Este caso está plagado de interrogantes fundamentales que no pueden ser respondidas con la información pública disponible. No se sabe qué nivel de gobierno ocupan los funcionarios mexicanos que están proporcionando información a Trump —si son funcionarios federales actuando con autorización presidencial, gobernadores o alcaldes actuando unilateralmente, o empleados de niveles intermedios— ni qué tipo de información están compartiendo. Tampoco se conoce el marco legal bajo el cual operan: ¿existe un protocolo de cooperación que ampare estos intercambios, o se trata de colaboración extralegal?
En cuanto a Roger Stone, no se sabe cuánto está cobrando por sus servicios, qué entregables se esperan de su asesoría, ni si existe alguna relación entre su contratación por parte del gobierno de Gallardo y los funcionarios que informan a Trump. ¿Son canales separados o existe coordinación entre ambos? La respuesta a esta pregunta es crucial para entender si estamos ante una estrategia articulada o ante múltiples iniciativas descoordinadas.
Tampoco se ha aclarado si el gobierno federal mexicano tiene conocimiento oficial de estas actividades. Si lo tiene y las autoriza, debería explicar públicamente bajo qué criterios y salvaguardas opera esta cooperación. Si no lo tiene y se trata de acciones unilaterales de funcionarios o gobiernos estatales, debería investigar y, en su caso, sancionar estas conductas si violan la ley o los protocolos diplomáticos establecidos.
Finalmente, no se han identificado las investigaciones específicas por narcotráfico mencionadas por El Imparcial ni los políticos mexicanos que estarían bajo la lupa. Esta opacidad impide evaluar si las investigaciones están justificadas y si se están llevando a cabo con respeto a las garantías procesales y los derechos humanos de los investigados. En un país donde las acusaciones de narcotráfico han sido históricamente utilizadas como arma política, la transparencia en estos procesos es fundamental.
Estos canales paralelos entre sectores del Estado mexicano y la administración Trump representan un desafío para la coherencia institucional de México y plantean interrogantes sobre quién define realmente la política exterior del país: ¿las instituciones federales responsables, o una red difusa de actores estatales y funcionarios individuales que establecen sus propios vínculos con gobiernos extranjeros? La respuesta a esta pregunta determinará si México puede mantener una política exterior coherente o si está fragmentándose en múltiples políticas exteriores paralelas, cada una respondiendo a intereses y lealtades diferentes.