El gobierno de Claudia Sheinbaum intensificó su discurso de exigencia ambiental al señalar públicamente a mineras canadienses por incumplir en México normas que sí respetan en su país, mientras simultáneamente avanza proyectos estratégicos federales cuyos estudios ambientales apenas inician y celebra aprobaciones internacionales sin transparentar montos ni alcances. La contradicción entre la presión a empresas privadas y la opacidad en iniciativas gubernamentales revela las tensiones no resueltas entre el discurso ecológico y el modelo de desarrollo económico de la llamada Cuarta Transformación.

El doble mensaje: exigencia pública, opacidad interna

El 22 de junio, la presidenta Sheinbaum criticó directamente a empresas mineras canadienses durante un evento público:

"Cumplen allá y muchas veces no cumplen aquí"
, según reportó El Imparcial. La declaración no especificó qué compañías incumplen, qué normas violan ni qué acciones legales emprenderá el gobierno federal. La ausencia de nombres y datos concretos contrasta con la contundencia del señalamiento.

Ese mismo día, la Secretaría de Turismo (Sectur) celebró mediante comunicado la aprobación del proyecto iCOAST por parte del Fondo para el Medio Ambiente Mundial (GEF, por sus siglas en inglés), un mecanismo multilateral que financia iniciativas ecológicas en países en desarrollo. Sin embargo, el anuncio gubernamental omitió información sustancial: no se reveló el monto aprobado, qué costas mexicanas abarcará el proyecto, cuáles son sus objetivos medibles ni los plazos de ejecución. La aprobación de un fondo no garantiza su implementación efectiva, como han documentado organismos internacionales en evaluaciones de proyectos similares en América Latina.

Paralelamente, La Jornada de Oriente reportó que iniciarán estudios técnicos y ambientales en un predio vinculado a un "proyecto estratégico impulsado por el gobierno de México". El comunicado oficial no identifica cuál proyecto es, dónde se ubica el predio ni por qué los estudios ambientales comienzan después de que el proyecto ya fue calificado como estratégico. Esta secuencia invierte la lógica de evaluación de impacto ambiental: los estudios deberían preceder a la aprobación y calificación de proyectos, no seguirla.

Contexto histórico: megaproyectos y controversia ambiental

Las tensiones entre desarrollo económico y protección ambiental marcaron el sexenio anterior de Andrés Manuel López Obrador. El Tren Maya, el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec y la refinería Dos Bocas enfrentaron sistemáticamente críticas de organizaciones ambientalistas, pueblos indígenas y académicos por impactos en selvas, humedales, cenotes y especies protegidas. El gobierno federal respondió calificando estos proyectos como "de seguridad nacional", lo que permitió acelerar permisos y eludir consultas públicas extensas.

La administración de Sheinbaum heredó no solo la ejecución de estas obras, sino también el modelo de priorización del desarrollo sobre evaluaciones ambientales exhaustivas. El dilema persiste: ¿cómo exigir cumplimiento ambiental riguroso a empresas privadas cuando los proyectos gubernamentales operan bajo excepciones legales y opacidad informativa?

El Fondo para el Medio Ambiente Mundial, que aprobó el proyecto iCOAST, ha financiado desde 1991 más de 5,000 proyectos en 170 países. Sin embargo, evaluaciones independientes han documentado que entre 30% y 40% de proyectos aprobados enfrentan retrasos significativos o no alcanzan sus metas por problemas de coordinación institucional, cambios políticos o falta de capacidad técnica local. La celebración prematura de una aprobación, sin detallar compromisos y mecanismos de seguimiento, puede generar expectativas infladas.

La industria minera canadiense: predominio económico, conflictos territoriales

El señalamiento presidencial a mineras canadienses no es casual. Aproximadamente 70% de los proyectos mineros en México están controlados por empresas canadienses, según datos de la Cámara Minera de México y organizaciones de la sociedad civil que monitorean el sector extractivo. Firmas como First Majestic Silver, Agnico Eagle, Pan American Silver y Endeavour Silver operan decenas de minas en estados como Sonora, Chihuahua, Durango, Zacatecas y Oaxaca.

Comunidades indígenas y organizaciones ambientalistas han documentado durante décadas casos de contaminación de ríos y mantos acuíferos por metales pesados, conflictos por uso de agua en zonas de escasez, y desplazamiento de poblaciones sin consultas adecuadas. El caso más emblemático es la mina Pasta de Conchos en Coahuila (2006), donde murieron 65 mineros y cuyos cuerpos no han sido recuperados. Aunque esa tragedia no involucró directamente a empresas canadienses, simboliza la histórica debilidad de supervisión ambiental y laboral en el sector.

Sin embargo, la declaración de Sheinbaum no ofreció ejemplos específicos de incumplimientos actuales. ¿Qué empresas violan qué normas? ¿La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) ha documentado infracciones recientes? ¿Se han impuesto sanciones? La ausencia de datos convierte una denuncia potencialmente relevante en un señalamiento genérico sin consecuencias verificables.

En Canadá, las mineras enfrentan regulaciones ambientales más estrictas, incluyendo evaluaciones de impacto acumulativo, consultas vinculantes con comunidades indígenas (First Nations) y restauración obligatoria de sitios. Paradójicamente, empresas canadienses han sido señaladas internacionalmente por operar con estándares más laxos en países latinoamericanos y africanos, fenómeno conocido como "doble estándar ambiental". Organizaciones como MiningWatch Canada han documentado este patrón sistemáticamente.

El proyecto fantasma: estratégico pero sin identidad

La nota de La Jornada de Oriente sobre estudios ambientales en un predio vinculado a un proyecto estratégico plantea interrogantes periodísticas fundamentales. ¿Por qué un proyecto calificado como estratégico por el gobierno federal carece de identificación pública? La Ley de Seguridad Nacional permite declarar proyectos estratégicos para agilizar permisos, pero esa clasificación no debería impedir informar a la ciudadanía sobre qué se construye, dónde y con qué impactos esperados.

Los proyectos estratégicos del gobierno actual incluyen el Tren México-Toluca, ampliaciones del Tren Maya, el Corredor Transístmico y desarrollos turísticos en Tulum y la Riviera Maya. Todos enfrentan cuestionamientos ambientales. Si los estudios técnicos y ambientales apenas inician, ¿significa que estos proyectos se aprobaron sin evaluaciones completas? ¿O se trata de una nueva iniciativa no anunciada?

La opacidad genera desconfianza. Durante el sexenio de López Obrador, organizaciones como Greenpeace México, el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA) y Oxfam documentaron que manifiestos de impacto ambiental de megaproyectos fueron aprobados en plazos récord, con observaciones técnicas ignoradas y consultas indígenas simuladas. La promesa de la administración Sheinbaum de mayor rigor técnico choca con la continuidad de prácticas de aceleración administrativa.

Análisis: la tensión estructural entre discurso y práctica

La contradicción entre exigir cumplimiento ambiental a actores privados mientras se mantiene opacidad en proyectos gubernamentales no es exclusiva de México ni del actual gobierno. Es una tensión estructural en países en desarrollo que intentan equilibrar crecimiento económico, reducción de pobreza y protección ambiental con recursos institucionales limitados.

Sin embargo, esa tensión se agrava cuando el discurso oficial enfatiza la transformación y la diferencia con gobiernos anteriores. Si la Cuarta Transformación se define parcialmente por su compromiso con comunidades históricamente excluidas y con la soberanía nacional frente a intereses extranjeros, la falta de transparencia ambiental en proyectos federales erosiona esa narrativa.

El caso de las mineras canadienses ilustra otra dificultad: México carece de capacidad de supervisión ambiental robusta. La Profepa opera con presupuestos reducidos, personal insuficiente y alta rotación. Según su último informe público (2024), realizó menos de 8,000 inspecciones en todo el país, cifra insuficiente para un territorio de casi 2 millones de kilómetros cuadrados con miles de instalaciones industriales. Exigir cumplimiento sin capacidad de verificación convierte las declaraciones en gestos simbólicos.

Por otro lado, la aprobación del proyecto iCOAST por el GEF podría representar una oportunidad si se implementa con transparencia. México enfrenta desafíos severos en sus costas: erosión acelerada, pérdida de manglares, contaminación por descargas urbanas e industriales, y presión turística insostenible. Un proyecto bien diseñado podría generar modelos replicables de gestión costera integral. Pero sin información sobre objetivos, presupuesto y gobernanza, la ciudadanía no puede evaluar ni exigir cuentas.

Lo que falta por saber: las preguntas pendientes

Este artículo, como la cobertura mediática disponible, enfrenta limitaciones derivadas de la opacidad gubernamental. Las siguientes preguntas permanecen sin respuesta pública:

Sobre el proyecto iCOAST: ¿Cuántos millones de dólares aprobó el GEF? ¿Qué estados y municipios costeros participarán? ¿Cuáles son los indicadores de éxito? ¿Qué dependencias federales y locales coordinarán la ejecución? ¿Cuándo inicia y cuándo debe concluir? ¿Incluye participación de comunidades costeras en la toma de decisiones?

Sobre las mineras canadienses: ¿Qué empresas específicas incumplen normas ambientales? ¿Qué normas concretas violan? ¿La Profepa tiene expedientes abiertos? ¿Se han impuesto multas o suspensiones de operaciones? ¿El gobierno mexicano solicitó colaboración a autoridades canadienses para investigar? ¿Existe un plan para fortalecer la supervisión del sector minero?

Sobre el proyecto estratégico sin nombre: ¿De qué proyecto se trata? ¿Por qué se mantiene sin identificar públicamente? ¿En qué estado y municipio se ubica el predio mencionado? ¿Por qué los estudios ambientales inician después de la calificación de estratégico? ¿Se realizaron consultas previas con comunidades potencialmente afectadas?

Sobre coherencia de política ambiental: ¿Los megaproyectos federales en ejecución (Tren Maya, transístmico, refinería Dos Bocas) cumplen los mismos estándares ambientales que el gobierno exige a mineras privadas? ¿Existe conflicto de interés al celebrar financiamiento ambiental internacional mientras se impulsan obras cuestionadas por organismos ecologistas nacionales e internacionales?

La ausencia de respuestas a estas preguntas no es un vacío informativo menor: es un dato político en sí mismo. Refleja la persistencia de una cultura gubernamental que considera la información pública como concesión discrecional, no como obligación constitucional. El artículo 6º de la Constitución establece el derecho de acceso a la información, pero su ejercicio efectivo requiere que las dependencias generen, organicen y publiquen datos sin esperar solicitudes formales.

Perspectivas divergentes: desarrollo vs. conservación

El debate sobre megaproyectos y protección ambiental involucra visiones legítimas pero contrapuestas. Desde la perspectiva gubernamental, los proyectos estratégicos generan empleos, conectan regiones históricamente marginadas, reducen dependencia de importaciones energéticas y fortalecen la soberanía nacional. Los beneficios económicos y sociales, argumentan, justifican costos ambientales que se pueden mitigar con tecnología y restauración posterior.

Desde organizaciones ambientalistas y pueblos indígenas, esa visión subestima daños irreversibles a ecosistemas únicos, ignora conocimientos tradicionales de manejo territorial, y perpetúa un modelo extractivista que beneficia a élites urbanas mientras comunidades locales sufren contaminación y despojo. Además, señalan que México incumple compromisos internacionales como el Acuerdo de París sobre cambio climático y el Convenio 169 de la OIT sobre consulta a pueblos indígenas.

Una tercera perspectiva, menos visible en el debate público, proviene de especialistas en economía ecológica que proponen modelos alternativos: desarrollo basado en servicios ecosistémicos, ecoturismo comunitario, energías renovables descentralizadas y economía circular. Estos modelos requieren inversión inicial, capacitación técnica y paciencia política, recursos escasos en contextos de pobreza urgente y presión electoral.

El riesgo de la incoherencia: credibilidad y gobernanza

La contradicción entre discurso ambiental exigente hacia privados y práctica opaca en proyectos gubernamentales tiene costos políticos medibles. Erosiona la credibilidad institucional, alimenta narrativas de simulación y doble estándar, y dificulta la construcción de consensos sociales amplios sobre política ambiental.

México enfrenta desafíos ambientales objetivos que no admiten posposición: es el quinto país con mayor pérdida de bosques tropicales, enfrenta estrés hídrico creciente en el norte y centro, registra pérdida acelerada de biodiversidad y sufre impactos severos del cambio climático (sequías prolongadas, huracanes más intensos, olas de calor récord). Según datos de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), 157 de los 653 acuíferos del país están sobreexplotados. El Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático proyecta que para 2050 las temperaturas promedio aumentarán entre 1.5 y 2.5 grados Celsius, con impactos devastadores en agricultura y salud pública.

Enfrentar estos desafíos requiere políticas coherentes, transparentes y basadas en evidencia científica. También requiere fortalecer capacidades institucionales: más inspectores ambientales, laboratorios de monitoreo, sistemas de información pública accesible y mecanismos efectivos de participación ciudadana. Ninguna de estas acciones es políticamente espectacular, pero todas son indispensables para que el discurso de exigencia ambiental se traduzca en transformación real.

La pregunta que sintetiza la tensión actual es directa: ¿El gobierno de Claudia Sheinbaum utilizará el discurso ambiental como instrumento de presión selectiva a adversarios económicos, o construirá un régimen de cumplimiento universal que incluya autocrítica y corrección de proyectos gubernamentales? La respuesta a esa pregunta definirá si estamos ante un cambio de política ambiental o ante una continuidad retórica con resultados limitados.

Los próximos meses ofrecerán indicadores: publicación de detalles del proyecto iCOAST, identificación y transparencia del proyecto estratégico mencionado, acciones legales concretas contra mineras incumplidoras, y ajustes o cancelaciones de megaproyectos federales con impactos ambientales documentados. Por ahora, las señales son contradictorias y la opacidad persiste.