El Instituto Nacional Electoral ha solicitado una reunión urgente con diputados y senadores para posponer la elección judicial programada para 2027, advirtiendo sobre riesgos operativos, mientras el Senado acelera reformas constitucionales incluyendo medidas contra el feminicidio, configurando un escenario de tensión entre poderes en un año electoral clave para México.
El contexto de las reformas judiciales
La actual controversia tiene sus raíces en la reforma constitucional al Poder Judicial aprobada en 2024 durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, que estableció la elección popular de magistrados, ministros y jueces federales. Esta reforma, una de las más polémicas del sexenio obradorista, fijó un calendario de elecciones escalonadas entre 2025 y 2027, con el objetivo de renovar completamente el sistema judicial mexicano.
Según el calendario establecido, la elección de 2027 representaría la culminación del proceso de transformación judicial, abarcando la renovación de los últimos cargos pendientes. Sin embargo, el INE ha identificado lo que considera riesgos operativos que podrían comprometer la viabilidad del proceso electoral, aunque las fuentes consultadas no especifican la naturaleza exacta de estos riesgos.
La resistencia del INE coincide con un momento de intensa actividad legislativa en el Congreso, donde la administración de Claudia Sheinbaum busca consolidar su agenda de reformas constitucionales, incluyendo medidas en materia de violencia de género que han cobrado renovada urgencia.
Reformas simultáneas: feminicidios y justicia electoral
El 14 de abril de 2026, el Senado de la República aprobó una reforma constitucional específicamente diseñada para combatir el feminicidio, según información oficial de la Cámara alta. Esta reforma se suma a la declaratoria de aprobación de la reforma constitucional en materia electoral emitida el mismo día, evidenciando un esfuerzo legislativo coordinado por parte del oficialismo.
Sin embargo, el proceso legislativo presenta inconsistencias temporales que sugieren un panorama más complejo. Mientras las fuentes oficiales del Senado confirman la aprobación de la reforma contra feminicidios el 14 de abril, información posterior del 29 de abril indica que el Congreso "expedirá ley sobre feminicidio" tras la aprobación senatorial, según reportes de la Universidad de Colima. Esta discrepancia temporal sugiere que el proceso legislativo podría estar inconcluso o que se requieren pasos adicionales para su implementación.
El feminicidio es delito federal en México desde 2012, tipificado en el Código Penal Federal, pero las estadísticas oficiales muestran que persisten altas tasas de violencia contra las mujeres, con más de 10 asesinatos diarios según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. La nueva reforma constitucional buscaría fortalecer el marco jurídico existente, aunque no está claro si requiere ratificación de los congresos locales o es autoejecutable.
El misterioso "caso Chihuahua" y la presión desde la CDMX
Paralelamente a las tensiones entre el INE y el Congreso federal, el 28 de abril el Congreso de la Ciudad de México aprobó un exhorto dirigido al Senado para crear una Comisión Especial sobre el denominado "caso Chihuahua", según información oficial de la legislatura capitalina. Sin embargo, las fuentes no especifican la naturaleza de este caso ni los eventos que han motivado la intervención del legislativo local.
Esta presión desde la CDMX hacia el Senado federal sugiere la existencia de un asunto de relevancia nacional que trasciende las competencias locales, posiblemente relacionado con violaciones a derechos humanos o irregularidades que requieren investigación federal. La creación de una comisión especial en el Senado requeriría la aprobación de la Mesa Directiva y podría tener implicaciones políticas significativas, especialmente si involucra a autoridades estatales o federales.
La convergencia temporal de estos tres procesos —la presión del INE, las reformas contra feminicidios y el "caso Chihuahua"— no parece coincidental, sino que podría reflejar una estrategia política más amplia en el contexto del ciclo electoral que se avecina.
Tensiones institucionales en año electoral
La solicitud del INE para posponer la elección judicial de 2027 representa un desafío directo a la agenda de transformación del sistema de justicia, una de las reformas emblemáticas del proyecto político iniciado por López Obrador y continuado por Sheinbaum. Los "riesgos" que alega la autoridad electoral podrían incluir desde limitaciones presupuestales hasta complejidades logísticas, pero la ausencia de especificidad genera interrogantes sobre las verdaderas motivaciones.
El timing de estas tensiones resulta particularmente significativo. El año 2027 no solo contempla la elección judicial, sino que marca el ecuador del sexenio de Sheinbaum y el inicio del proceso de renovación de la Cámara de Diputados federal, que se elegirá en 2027. La coincidencia de estos procesos electorales podría generar un escenario de alta complejidad política donde las reformas constitucionales pendientes enfrentarían su prueba de fuego.
Las reformas contra feminicidios, por su parte, representan una oportunidad política para el oficialismo de demostrar sensibilidad hacia una problemática que ha cobrado visibilidad creciente en la agenda pública. Sin embargo, la efectividad de estas medidas dependerá no solo de su aprobación formal, sino de su implementación efectiva y de la asignación de recursos suficientes para su operación.
Lo que falta por definir
Varios elementos clave permanecen sin resolución y requerirán seguimiento cercano en las próximas semanas. Primero, la naturaleza específica de los riesgos que alega el INE para justificar el aplazamiento de la elección judicial, información crucial para evaluar la legitimidad de su petición y las posibles alternativas de solución.
Segundo, la identidad y alcance del "caso Chihuahua" que ha motivado la intervención del Congreso de la Ciudad de México, un elemento que podría tener ramificaciones políticas imprevistas dependiendo de los actores involucrados y la gravedad de los hechos investigados.
Tercero, el proceso de implementación de la reforma contra feminicidios, incluyendo si requiere legislación reglamentaria adicional, ratificación de congresos locales, o si existe resistencia en la Cámara de Diputados que pueda obstaculizar su aprobación final. La discrepancia temporal en las fuentes sugiere que este proceso está lejos de concluir.
Finalmente, queda por definirse si el gobierno de Sheinbaum logrará mantener el control del proceso de reformas constitucionales o si las presiones institucionales, como la del INE, comenzarán a erosionar su capacidad de implementar la agenda de transformación heredada del obradorismo. La respuesta a esta interrogante tendrá implicaciones profundas para el equilibrio de poderes en México y la viabilidad del proyecto político en curso.