Adriana despierta cada día a las 4:30 de la mañana. Antes de que salga el sol, ya está en un microbús rumbo a su trabajo. Cinco horas diarias —un tercio de su jornada laboral completa— se le escapan en el transporte público. Su historia, documentada por El País, es el rostro visible de una crisis que los números confirman: el empleo sin prestaciones en México registra tres meses consecutivos al alza, según datos del primer trimestre de 2026 analizados por El Economista. Mientras el país se prepara para recibir la avalancha económica del Mundial 2026, la pregunta incómoda persiste: ¿para quién será realmente esa bonanza?

La paradoja del crecimiento: más empleos, menos protección

México enfrenta una contradicción estructural que define su mercado laboral. Por un lado, ManpowerGroup —una de las principales consultoras de recursos humanos del país— advierte que se necesita crear un millón de empleos formales anualmente para evitar que más trabajadores caigan en la informalidad. Por otro, las cifras del inicio de 2026 muestran exactamente lo contrario: el empleo sin prestaciones, ese eufemismo que oculta la ausencia de seguridad social, aguinaldo, vacaciones pagadas y protección ante despidos injustificados, no deja de crecer.

El contexto histórico agrava el diagnóstico. México mantiene desde hace décadas una tasa de informalidad laboral que oscila entre el 55% y 57% de la población ocupada, según datos del INEGI de años previos. Esto significa que más de la mitad de quienes trabajan en el país lo hacen sin las protecciones mínimas que la Ley Federal del Trabajo teóricamente garantiza. No se trata de un fenómeno nuevo, pero los datos del primer trimestre de 2026 sugieren que, lejos de mejorar, la situación se deteriora incluso en un periodo de expectativas económicas favorables.

La llegada del Mundial 2026 —que México co-organizará con Estados Unidos y Canadá— debería representar una oportunidad para revertir esta tendencia. La Asociación Mexicana de Economía del Hogar (AMECH) ha solicitado públicamente que se garantice la formalidad laboral ante el auge de empleo esperado durante el torneo, según informó la Universidad de Colima. Sin embargo, la experiencia de eventos masivos anteriores en México, como el Tianguis Turístico o los Juegos Panamericanos de Guadalajara 2011, muestra que estos impulsos suelen generar empleo mayormente temporal e informal: meseros sin contrato, vendedores ambulantes, choferes de aplicaciones, trabajadores de limpieza subcontratados sin prestaciones.

Los datos que faltan: entre la promesa y la realidad

La información disponible sobre el mercado laboral mexicano en 2026 presenta vacíos significativos que impiden evaluar con precisión si el país avanza o retrocede hacia la meta de formalización. El observatorio ciudadano México ¿cómo vamos? publicó su análisis del primer trimestre de 2026, pero las fuentes consultadas no proporcionan los datos concretos de ese informe, que podría ofrecer un panorama más completo de las tendencias actuales.

Lo que sí sabemos genera más preguntas que respuestas. Si ManpowerGroup establece que se necesita crear un millón de empleos formales al año, ¿cuántos se crearon realmente en los primeros tres meses de 2026? Si el empleo sin prestaciones lleva tres meses al alza, ¿de qué magnitud es ese incremento? ¿Estamos hablando de decenas de miles o cientos de miles de trabajadores más cayendo en la precariedad? El Economista reporta la tendencia pero no ofrece las cifras absolutas ni los porcentajes que permitirían dimensionar el problema.

Tampoco existe claridad sobre la naturaleza de los empleos que generará el Mundial 2026. ¿Qué porcentaje serán posiciones formales con contratos y prestaciones, y qué porcentaje serán trabajos temporales o informales? La AMECH demanda formalidad, pero no se han hecho públicas propuestas concretas ni mecanismos de supervisión que garanticen ese objetivo. La historia sugiere escepticismo: los grandes eventos deportivos y culturales en México han funcionado históricamente como aceleradores de empleo precario, no de formalización laboral.

Cuando el trabajo devora la vida: la crisis de movilidad como factor de precarización

El caso de Adriana, documentado por El País, revela una dimensión poco analizada de la informalidad laboral en México: la relación entre la geografía urbana, los tiempos de traslado y la calidad del empleo. Cinco horas diarias de transporte público —dos horas y media de ida, dos horas y media de vuelta— convierten una jornada laboral de ocho horas en una experiencia de trece horas fuera de casa. ¿Cuánto tiempo queda para la familia, la educación, el descanso, la participación ciudadana?

Esta no es una anécdota aislada. El modelo de desarrollo urbano mexicano de las últimas tres décadas ha creado desarrollos habitacionales masivos en la periferia de las ciudades, alejados de los centros de empleo y con infraestructura de transporte público deficiente o inexistente. Municipios como Huehuetoca, Zumpango o Ixtapaluca en el Estado de México; Tlajomulco en Jalisco; o El Marqués en Querétaro, se convirtieron en ciudades dormitorio donde miles de trabajadores como Adriana pagan con su tiempo —y a menudo con su salud física y mental— la imposibilidad de acceder a vivienda cerca de sus empleos.

Aunque las fuentes no establecen una relación causal directa, existe evidencia empírica de que los trabajadores informales suelen tener traslados más largos que los formales. Los empleos formales tienden a concentrarse en zonas empresariales o industriales con mejores conexiones de transporte, mientras que el trabajo informal —el vendedor ambulante, el repartidor de comida, el trabajador doméstico— se distribuye de forma más dispersa y requiere mayor movilidad. La precariedad laboral y la precariedad en la movilidad se refuerzan mutuamente en un círculo vicioso que las políticas públicas no han logrado romper.

Las voces del diagnóstico: consenso en el problema, divergencias en la solución

Los actores que participan en el debate sobre el mercado laboral mexicano coinciden en la gravedad del problema, pero difieren en sus enfoques y propuestas. ManpowerGroup, desde la perspectiva del sector privado y los servicios de recursos humanos, pone el énfasis en la necesidad cuantitativa: un millón de empleos formales al año. Su enfoque es pragmático y orientado a resultados medibles, pero no profundiza en los mecanismos institucionales o las reformas estructurales necesarias para alcanzar esa meta.

La AMECH, por su parte, centra su llamado en la coyuntura del Mundial 2026. Su petición de garantizar formalidad laboral durante el torneo es comprensible desde el punto de vista de la oportunidad económica, pero no queda claro qué instrumentos específicos propone para lograrlo. ¿Inspecciones laborales reforzadas? ¿Incentivos fiscales para empresas que contraten formalmente? ¿Cláusulas de formalización en los contratos de proveedores del Mundial? Sin propuestas concretas, el llamado corre el riesgo de quedar en retórica.

Los observatorios ciudadanos como México ¿cómo vamos? juegan un papel crucial al monitorear de forma independiente los indicadores laborales y hacerlos accesibles a la opinión pública. Su análisis del primer trimestre de 2026 podría contener elementos clave para entender las tendencias actuales, pero la fragmentación de la información disponible impide construir un diagnóstico completo y compartido entre los diversos actores.

El desafío estructural: más allá de los eventos masivos

La experiencia internacional y nacional muestra que los grandes eventos deportivos no son, por sí mismos, motores de formalización laboral sostenible. Brasil después del Mundial 2014 y las Olimpiadas de Río 2016, Sudáfrica tras el Mundial 2010, e incluso México después de eventos previos, evidencian que el impulso económico tiende a ser temporal y concentrado en sectores específicos —hospitalidad, construcción, servicios— donde históricamente predomina el empleo informal o temporal.

El verdadero desafío para México no es aprovechar la coyuntura del Mundial 2026, sino construir las condiciones estructurales para que la formalidad sea la norma y no la excepción. Esto requiere, según expertos en mercado laboral, un paquete de reformas que incluya: simplificación administrativa para el registro de trabajadores, reducción de cargas fiscales que incentiven la informalidad, fortalecimiento de la inspección laboral, acceso universal a servicios de salud que no dependan del empleo formal, y políticas de vivienda y transporte que reduzcan la segregación espacial entre hogares y empleos.

Ninguna de estas reformas es sencilla ni rápida. Todas implican negociaciones políticas complejas, inversiones presupuestales significativas y cambios en incentivos profundamente arraigados en la economía mexicana. Mientras tanto, trabajadores como Adriana seguirán levantándose antes del amanecer, viendo escaparse sus vidas en microbuses y metros, atrapados en empleos que no ofrecen ni la protección básica ni la proximidad geográfica que harían sostenible una existencia digna.

Lo que falta por saber: las preguntas pendientes del mercado laboral

La información disponible sobre el estado actual del empleo en México revela más lagunas que certezas. Para evaluar con rigor si el país avanza hacia la meta de crear un millón de empleos formales anuales, necesitamos respuestas a preguntas básicas que las fuentes actuales no proporcionan:

¿Cuántos empleos formales se crearon exactamente en el primer trimestre de 2026? Sin este dato, es imposible saber si México está en trayectoria de cumplir la meta de ManpowerGroup o si, por el contrario, se está alejando de ella. ¿Cuál es la tasa de informalidad actual comparada con el mismo periodo de 2025 y 2024? El dato de tres meses consecutivos al alza en empleo sin prestaciones sugiere deterioro, pero ¿de qué magnitud? ¿Qué sectores económicos están generando más empleo informal y cuáles más empleo formal?

Sobre el Mundial 2026, las preguntas son igualmente urgentes. ¿Existe algún plan gubernamental o acuerdo con la FIFA para garantizar estándares de formalidad laboral? Los contratos de construcción de estadios y las licitaciones de servicios, ¿incluyen cláusulas de protección laboral? ¿Hay un mecanismo de monitoreo independiente que pueda verificar las condiciones de empleo durante el torneo? Sin respuestas a estas preguntas, el riesgo de que el Mundial se convierta en un catalizador de precarización laboral, en lugar de formalización, es muy alto.

Finalmente, la relación entre crisis de movilidad urbana e informalidad laboral requiere investigación más profunda. ¿Existe correlación estadística entre tiempo de traslado y tipo de empleo? ¿Los trabajadores informales dedican en promedio más horas al transporte que los formales? ¿Qué papel juega la ubicación de la vivienda en las trayectorias laborales de las personas? Estas preguntas no son solo académicas: sus respuestas podrían orientar políticas públicas integradas que aborden simultáneamente vivienda, transporte y empleo.

Mientras México se prepara para recibir al mundo en 2026, millones de trabajadores como Adriana seguirán habitando la contradicción de un país que crece económicamente pero no logra traducir ese crecimiento en empleos dignos, protegidos y cercanos a los hogares. La pregunta no es si el Mundial generará empleos —los generará—, sino qué tipo de empleos serán y qué quedará de ellos cuando los estadios se vacíen y las cámaras se apaguen. Por ahora, la respuesta más honesta es: no lo sabemos. Y esa incertidumbre, en sí misma, es parte del problema.