México alcanzó 78% de penetración de internet en hogares en 2026, duplicando la conectividad en una década, según reportes recientes de medios nacionales. Sin embargo, ninguna autoridad gubernamental ni operador privado ha presentado datos oficiales que expliquen cómo se logró esa expansión, qué tipo de conexión tienen esos hogares, dónde están concentrados los avances ni —más importante aún— dónde permanecen desconectados los aproximadamente 9 millones de hogares que siguen sin acceso. La cifra del 78% circula sin fuente primaria verificable, sin desglose geográfico y sin distinción entre conectividad móvil (típicamente limitada) y fija de alta velocidad.

Este vacío informativo no es trivial: en un país donde la conectividad digital determina acceso a educación, servicios de salud, trámites gubernamentales y oportunidades económicas, la opacidad sobre quién está conectado —y cómo— perpetúa desigualdades estructurales que la pandemia de COVID-19 evidenció brutalmente. Mientras tanto, el discurso oficial celebra 'avances en conectividad de alta capacidad' sin definir qué significa ese término ni quién puede acceder a ella.

El contexto: una década de promesas incumplidas y datos fragmentados

Para entender la magnitud del supuesto avance —y sus vacíos— es necesario revisar el punto de partida. Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en 2015 solo el 39.2% de los hogares mexicanos tenía acceso a internet. La brecha entre zonas urbanas y rurales era dramática: aproximadamente 3:1, con comunidades indígenas y rurales prácticamente excluidas de la conectividad. El gobierno de Enrique Peña Nieto (2012-2018) prometió cerrar esa brecha mediante la Red Compartida, un proyecto de infraestructura pública operado por Altan Redes que debía ofrecer cobertura 4G al 92% del territorio nacional.

La Red Compartida enfrentó problemas técnicos, retrasos en el despliegue y dificultades financieras que obligaron al gobierno a inyectar capital adicional. Para 2018, la cobertura real era inferior al 30% prometido. El sexenio de Andrés Manuel López Obrador (2018-2024) heredó ese proyecto y promovió paralelamente Internet para Todos, programa operado por CFE Telecomunicaciones que buscaba conectar comunidades marginadas mediante infraestructura de fibra óptica aprovechando la red eléctrica nacional. Sin embargo, ninguno de estos programas publicó métricas consistentes de cobertura, calidad de servicio o inversión real ejercida.

Mientras tanto, los operadores privados —América Móvil (Telcel), líder del mercado con aproximadamente 70% de suscriptores móviles; AT&T México y Telefónica (Movistar)— expandieron sus redes móviles 4G y comenzaron despliegues limitados de 5G en zonas urbanas. La pandemia de 2020 aceleró la demanda: educación remota, teletrabajo y telemedicina volvieron la conectividad una necesidad básica, no un lujo. Pero esa aceleración también expuso la fragilidad de las conexiones móviles —saturación de redes, velocidades insuficientes para videoconferencias, costos prohibitivos de datos— y la desigualdad radical entre quienes podían acceder a conexiones de fibra óptica y quienes dependían de planes prepago limitados.

Los hechos: qué sabemos (y qué no) sobre el 78%

Según reportes de EL PAÍS e IMER Noticias publicados en junio de 2026, México 'duplicó el acceso a internet en hogares en una década', alcanzando aproximadamente 78% de penetración. Ambos medios coinciden en señalar que el crecimiento se concentró en conectividad móvil y en grupos etarios mayores, anteriormente excluidos. Sin embargo, ninguna de estas fuentes cita datos del INEGI, del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) —organismo regulador del sector— ni de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT), que publica estadísticas comparables internacionalmente.

La ausencia de fuente primaria es problemática por varias razones. Primero, no sabemos qué metodología se usó para calcular ese 78%: ¿se refiere a hogares con al menos un dispositivo conectado?, ¿con servicio contratado aunque sea limitado?, ¿con conexión activa verificada? Segundo, no hay desglose geográfico: si el 78% nacional incluye Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara con penetraciones cercanas al 95%, ¿qué porcentaje tienen Oaxaca, Chiapas o Guerrero, históricamente rezagados? Tercero, no se distingue entre tipos de conexión: una conexión móvil prepago con 2GB mensuales no es equivalente a una conexión de fibra óptica simétrica de 100 Mbps, aunque ambas cuenten como 'acceso a internet' en estadísticas agregadas.

Por su parte, El Economista publicó en mayo de 2026 un artículo titulado 'Avances en conectividad de alta capacidad en México' que menciona mejoras infraestructurales sin especificar qué significa 'alta capacidad'. ¿Se refiere a despliegue de fibra óptica hasta el hogar (FTTH)?, ¿a cobertura 5G?, ¿a velocidades mínimas garantizadas? La nota no proporciona cifras de hogares cubiertos, inversión realizada ni áreas geográficas beneficiadas. Esta vaguedad contrasta con el énfasis de EL PAÍS en conectividad móvil, que típicamente ofrece menor capacidad, menor estabilidad y mayor costo por megabyte que redes fijas.

La ausencia de datos oficiales es especialmente llamativa porque tanto la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) como el IFT tienen obligación legal de publicar estadísticas trimestrales sobre penetración, cobertura, calidad de servicio e inversión sectorial. El hecho de que tres medios publiquen sobre un supuesto logro nacional sin citar esos organismos sugiere que los datos provienen de boletines corporativos o gubernamentales sin contraste periodístico. Ninguna fuente incluye declaraciones de autoridades identificadas, análisis de expertos independientes, datos de organizaciones civiles especializadas (como la Asociación de Internet MX) ni testimonios de usuarios en zonas marginadas.

Análisis: las brechas que la cifra agregada oculta

Un porcentaje nacional de penetración —aunque fuera verificable— oculta desigualdades estructurales que determinan quién puede aprovechar realmente la conectividad digital. La experiencia internacional y los datos históricos de México permiten identificar al menos cinco brechas críticas que ninguna fuente aborda:

1. Brecha de calidad tecnológica: No todas las conexiones son iguales. Según datos del IFT de 2023 (últimos disponibles), el 82% de las conexiones a internet en México eran móviles, frente a 18% fijas. Las conexiones móviles tienen velocidades promedio de 20-30 Mbps en 4G, con alta variabilidad según saturación de red y ubicación, mientras que conexiones de fibra óptica residenciales ofrecen 100-500 Mbps simétricos. Para actividades como educación remota, teletrabajo profesional o telemedicina, la diferencia es abismal. Si el crecimiento al 78% se concentró en móvil —como sugiere EL PAÍS— podríamos estar midiendo 'acceso nominal' más que 'acceso útil'.

2. Brecha urbano-rural: Históricamente, la penetración de internet en zonas rurales ha sido un tercio de la urbana. En 2020, según INEGI, el 76.6% de hogares urbanos tenía internet, frente a 47.7% en rurales. Si esa proporción se mantuvo, un 78% nacional implicaría que zonas urbanas superan 90% mientras rurales apenas rebasan 60%. Más grave: en comunidades indígenas y localidades menores a 2,500 habitantes, la penetración podría estar por debajo del 40%. Sin desglose geográfico, la cifra del 78% invisibiliza a millones de personas estructuralmente excluidas.

3. Brecha de asequibilidad: Tener 'acceso' no significa poder pagarlo sostenidamente. México tiene uno de los costos de datos móviles más altos de América Latina en relación con el ingreso per cápita. Un plan básico de internet fijo cuesta entre 300-500 pesos mensuales; móvil prepago con 10GB cuesta 200-300 pesos. Para hogares en pobreza (41.9% de la población según CONEVAL 2022), estos costos representan 10-15% del ingreso, forzando a elegir entre conectividad y alimentación. La supuesta expansión al 78% podría estar midiendo suscripciones intermitentes, no uso constante.

4. Brecha de alfabetización digital: Conexión sin habilidades digitales reproduce exclusión. Según la Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de TIC en Hogares (ENDUTIH) 2021, el 18% de personas con acceso a internet no lo usa por falta de conocimientos o interés. Entre adultos mayores (sector donde supuestamente creció la conectividad) y población con educación básica, la falta de alfabetización digital es barrera crítica. Si el 78% mide hogares conectados sin considerar uso efectivo, estamos sobreestimando inclusión digital.

5. Brecha institucional: La opacidad gubernamental sobre datos de conectividad contrasta con la granularidad que otros países publican. Chile, por ejemplo, publica mapas interactivos de cobertura por tecnología, operador y velocidad verificada; Colombia desglosa penetración por estrato socioeconómico y zona rural; Brasil reporta inversión pública vs privada trimestral. México no solo carece de esos datos: el IFT ha perdido autonomía desde reformas constitucionales de 2024 que redujeron su capacidad regulatoria, mientras que programas como CFE Telecomunicaciones operan con opacidad presupuestal. Sin instituciones fuertes que generen y auditen datos, la ciudadanía queda a merced de narrativas oficiales no verificables.

Comparación regional: ¿cómo está México realmente?

Para contextualizar el supuesto 78%, es útil comparar con otros países latinoamericanos usando datos de la UIT (2024), última referencia disponible antes de las cifras mexicanas de 2026:

• Chile: 87.5% de hogares con internet, 65% con conexiones fijas de alta velocidad, inversión privada verificada de USD 2,100 millones anuales.
• Uruguay: 85.3% de penetración, 70% con fibra óptica, programa público Ceibal que conectó 100% de escuelas públicas con conexiones simétricas.
• Argentina: 82.1% de hogares, 45% fijos, programa Conectar Igualdad que distribuyó 5 millones de dispositivos con conectividad subsidiada.
• Brasil: 84.7% de penetración, pero 38% en favelas y zonas rurales, brecha similar a la mexicana.
• Colombia: 70.2% de hogares, inversión pública focalizada en 'Centros Digitales' comunitarios en 1,100 municipios marginados.

Si México efectivamente alcanzó 78% en 2026, estaría en el promedio regional pero por debajo de líderes que partieron de condiciones similares hace 15 años. Más importante: Chile, Uruguay y Argentina publican datos desglosados que permiten identificar brechas y focalizar inversión. México celebra un porcentaje agregado sin transparentar desigualdades internas, lo que dificulta diseñar políticas públicas efectivas.

Lo que falta por saber: las preguntas que autoridades deben responder

La opacidad informativa sobre la supuesta expansión de conectividad genera una agenda pendiente de rendición de cuentas. Estas son las preguntas críticas que gobierno, reguladores y operadores privados deben responder con datos verificables:

1. ¿Cuál es la fuente primaria del 78%? ¿INEGI, IFT, encuestas de operadores agregadas? ¿Qué metodología se usó: hogares con dispositivo conectado, con servicio contratado, con uso verificado en último mes? Sin metodología transparente, la cifra no es auditable.

2. ¿Cómo se distribuye geográficamente ese 78%? Publicar datos por entidad federativa, municipio y tamaño de localidad. ¿Cuál es la penetración en los 10 estados más rezagados? ¿Cuántas de las 25,000 localidades menores a 2,500 habitantes tienen conectividad? ¿Qué porcentaje de comunidades indígenas está conectado?

3. ¿Qué porcentaje es conectividad móvil vs fija? Si el crecimiento fue principalmente móvil, ¿qué velocidades promedio están recibiendo esos hogares? ¿Cuántos tienen acceso a fibra óptica o 5G? La distinción no es cosmética: determina qué usos son viables.

4. ¿Qué significa 'conectividad de alta capacidad'? El Economista usa ese término sin definirlo. ¿Se refiere a conexiones superiores a 25 Mbps (estándar mínimo de banda ancha según UIT)?, ¿a 100 Mbps?, ¿a tecnología 5G? ¿Cuántos hogares y empresas tienen acceso verificado a esas velocidades?

5. ¿Cuánto invirtió el sector público vs privado? ¿Cuál fue el presupuesto ejercido por CFE Telecomunicaciones en 2019-2024? ¿Cuántos kilómetros de fibra óptica se desplegaron? ¿Cuánto invirtieron Telcel, AT&T y Telefónica en expansión de red? Sin datos de inversión, no podemos evaluar eficiencia ni proyectar sostenibilidad.

6. ¿Cuál es la brecha de asequibilidad actualizada? ¿Qué porcentaje de hogares tiene acceso pero no puede sostener el pago? ¿Existen subsidios focalizados en población vulnerable? ¿Cuál es el costo promedio de conectividad fija y móvil como porcentaje del ingreso por decil?

7. ¿Qué pasa con los 9 millones de hogares desconectados? Si hay 41 millones de hogares en México (INEGI 2023) y 78% tiene internet, quedan aproximadamente 9 millones sin acceso. ¿Dónde están? ¿Por qué siguen excluidos: falta de infraestructura, inviabilidad económica de última milla, falta de demanda por alfabetización digital? Sin caracterizar a los excluidos, no hay política pública viable para conectarlos.

Estas preguntas no son capricho académico: son requisito mínimo de transparencia en una democracia donde la conectividad digital determina cada vez más el ejercicio de derechos fundamentales. La celebración de porcentajes agregados sin desglose, sin metodología pública y sin identificación de brechas persistentes perpetúa exclusiones estructurales que afectan desproporcionadamente a población rural, indígena, de menores ingresos y adultos mayores sin alfabetización digital.

Agenda pendiente: de la opacidad estadística a la política pública basada en evidencia

La conectividad digital no es un fin en sí mismo: es infraestructura habilitadora de derechos (educación, salud, trabajo, participación política) y motor de desarrollo económico. Un país que aspira a ser competitivo en economía digital no puede conformarse con porcentajes agregados opacos. Necesita:

1. Instituciones reguladoras autónomas y transparentes: Fortalecer al IFT con capacidad técnica y autonomía presupuestal para generar, auditar y publicar datos granulares de cobertura, calidad, inversión y competencia. Chile y Uruguay demostraron que reguladores fuertes son clave para expansión equitativa.

2. Infraestructura pública complementaria: Donde inversión privada no llegue por inviabilidad económica (zonas rurales dispersas, comunidades de alta marginación), el Estado debe garantizar conectividad mediante infraestructura pública. CFE Telecomunicaciones tiene el potencial de ser ese vehículo, pero requiere transparencia presupuestal, metas verificables y rendición de cuentas.

3. Subsidios focalizados en demanda: Vouchers digitales para hogares de menores ingresos, reducción de IVA en servicios de conectividad para zonas marginadas, planes sociales obligatorios para operadores con cobertura mínima garantizada. Colombia y Argentina tienen modelos probados.

4. Alfabetización digital como política de Estado: Invertir en programas masivos de capacitación digital para adultos mayores, población rural y sectores de baja escolaridad. México invierte apenas 0.02% del PIB en alfabetización digital, frente a 0.15% promedio de países OCDE.

5. Datos abiertos y mapas de cobertura verificables: Publicar mapas interactivos por tecnología, operador, velocidad verificada y cobertura real (no solo teórica). Esto permite a ciudadanos, empresas y organizaciones civiles auditar calidad de servicio y exigir mejoras.

Mientras estas condiciones no se cumplan, cifras como el 78% de penetración seguirán siendo celebraciones huecas que ocultan millones de excluidos. La verdadera inclusión digital no se mide en porcentajes agregados, sino en la capacidad de cada persona —sin importar su ubicación geográfica, nivel de ingresos o edad— de acceder a conectividad asequible, estable y suficiente para ejercer sus derechos y desarrollar su potencial. México tiene un largo camino por recorrer, y el primer paso es la transparencia radical sobre dónde estamos realmente parados.