México celebra haber duplicado los hogares con acceso a internet en una década, alcanzando 78% de cobertura nacional y superando los 104 millones de usuarios, según datos oficiales difundidos en las últimas semanas. Sin embargo, esta narrativa de éxito digital contrasta con una realidad más compleja: el gobierno federal admite que entre 6% y 22% de la población —dependiendo de la métrica utilizada— permanece excluida del acceso básico a la red, y el Plan Nacional de Conectividad 2026-2030 presentado en abril no especifica presupuesto, zonas prioritarias ni mecanismos concretos para cerrar la brecha. La ausencia de datos desagregados geográficamente plantea una pregunta incómoda: ¿puede cumplirse una meta de inclusión digital sin saber exactamente dónde están quienes quedan fuera?

La discrepancia en las cifras: población versus hogares

La primera complicación al evaluar el avance digital del país es la inconsistencia metodológica entre las fuentes gubernamentales. Mientras que Revista Fortuna y DPL News reportan que 78% de los hogares mexicanos cuenta con internet, TeleSemana cita al Plan Nacional de Conectividad afirmando que el acceso actual alcanza al 94% de la población. Estas cifras no son comparables directamente: un hogar puede albergar varias personas, y la tasa de personas con acceso no equivale necesariamente a la tasa de hogares conectados.

Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), México cuenta con aproximadamente 35.2 millones de hogares y 128 millones de habitantes. Si 78% de los hogares tiene internet, eso representa alrededor de 27.4 millones de hogares conectados, pero no aclara cuántas personas habitan esos hogares ni cuántas tienen acceso real (no todos los miembros de un hogar con internet usan o saben usar la conexión). Por otro lado, si 94% de la población tiene acceso, estaríamos hablando de 120 millones de personas, lo que implicaría una cobertura mucho más amplia que la sugerida por la cifra de hogares.

Esta confusión no es trivial: refleja la falta de un indicador único y verificable que permita comparar avances en el tiempo y entre regiones. Las fuentes consultadas no citan documentos técnicos, fechas de levantamiento de encuestas ni metodologías específicas, lo que dificulta validar cualquiera de las cifras. Lo que sí queda claro es que, bajo cualquier métrica, millones de mexicanos siguen sin conexión —entre 7.6 millones (6% de la población) y más de 28 millones (22% si restamos el 78% de hogares del total).

Contexto: una década de promesas y proyectos discontinuos

La expansión del acceso a internet en México tiene como punto de inflexión la reforma constitucional en telecomunicaciones de 2013, que reconoció el acceso a internet como derecho fundamental y creó el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) para regular el sector. Ese año, el gobierno federal lanzó México Conectado, un programa destinado a instalar puntos de acceso gratuito en escuelas, centros de salud, bibliotecas y espacios públicos de todo el país. Para 2018, el proyecto afirmaba haber conectado más de 100,000 sitios.

Sin embargo, México Conectado enfrentó problemas crónicos: falta de mantenimiento de equipos, conexiones de baja velocidad, ausencia de capacitación para el uso de la infraestructura y discontinuidad presupuestal entre administraciones. Un reporte de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en 2017 ya señalaba que muchos puntos de acceso instalados estaban inoperables o subutilizados. La siguiente administración federal, iniciada en 2018, reorientó las prioridades y el programa perdió impulso, aunque nunca fue formalmente cancelado.

La pandemia de COVID-19 (2020-2021) desnudó brutalmente la magnitud de la brecha digital. Millones de estudiantes de educación básica y media superior no pudieron acceder a clases remotas, especialmente en zonas rurales e indígenas. Según la Encuesta para la Medición del Impacto COVID-19 en la Educación (ECOVID-ED) del INEGI, 5.2 millones de estudiantes no se inscribieron al ciclo escolar 2020-2021, y la falta de internet o dispositivos fue una de las tres causas principales. Este episodio generó presión social para retomar la agenda de conectividad, que hasta entonces había quedado relegada en el discurso público.

El Plan Nacional de Conectividad 2026-2030: metas sin ruta

En abril de 2026, según TeleSemana, el gobierno federal presentó el Plan Nacional de Conectividad 2026-2030, que establece la meta de elevar el acceso a internet del 94% al 98% de la población para el final de la década. El anuncio fue recibido con cautela por especialistas en telecomunicaciones, quienes señalan que el documento público no detalla aspectos operativos fundamentales: ¿cuál es el presupuesto asignado? ¿Qué dependencias serán responsables? ¿Se utilizará infraestructura pública, subsidios a operadores privados o una combinación de ambos?

Hasta el momento, no se ha publicado el texto completo del plan ni se ha informado sobre su inclusión en el Presupuesto de Egresos de la Federación. Esto contrasta con programas anteriores que, a pesar de sus fallas, contaban con partidas específicas y estructura institucional. La ausencia de estos elementos sugiere que el plan podría ser más una declaración de intenciones que un programa ejecutable.

Además, el plan no identifica geográficamente dónde se concentra el 6% de población sin acceso (o el 22% de hogares, según la métrica alternativa). Sin mapeo preciso de las zonas desconectadas, resulta imposible diseñar estrategias focalizadas. La experiencia internacional muestra que cerrar el último tramo de la brecha digital —llegar a comunidades remotas, dispersas o de difícil acceso— es exponencialmente más costoso que expandir la red en zonas urbanas. Países como Colombia y Perú han implementado fondos específicos con cartografía detallada; México, hasta ahora, no ha presentado un instrumento equivalente.

La brecha invisible: calidad, costo y alfabetización digital

Incluso cuando las cifras oficiales muestran avances cuantitativos, la realidad cualitativa del acceso a internet en México plantea interrogantes que las fuentes consultadas no abordan. Tener una conexión no equivale a tener conectividad útil. Según el último reporte de la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), menos del 50% de las conexiones residenciales en México cumplen con los estándares mínimos de banda ancha definidos por la Unión Internacional de Telecomunicaciones (descarga de al menos 25 Mbps).

Asimismo, el costo del servicio de internet representa una barrera significativa. De acuerdo con datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), el precio promedio de una conexión de banda ancha fija en México equivale a cerca del 2.5% del ingreso mensual del hogar promedio, una proporción alta en comparación con economías similares. En hogares de menores ingresos, este porcentaje puede superar el 5%, lo que genera situaciones de «pobreza digital»: hogares que técnicamente tienen acceso pero que deben suspender el servicio periódicamente por falta de recursos.

Finalmente, la alfabetización digital sigue siendo una asignatura pendiente. Tener internet en casa no garantiza que los usuarios sepan aprovechar sus beneficios educativos, laborales o de participación ciudadana. Estudios del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) muestran que más del 40% de los adultos mexicanos con acceso a internet solo lo utilizan para redes sociales y entretenimiento, sin explorar aplicaciones de e-gobierno, educación en línea o comercio electrónico. La brecha no es solo de acceso, sino de capacidades.

Qué falta por saber: las preguntas sin respuesta

La narrativa oficial de avance digital en México deja múltiples vacíos informativos que son esenciales para evaluar la política pública. En primer lugar, se desconoce la cifra exacta de hogares con internet hace una década, lo que impide verificar la afirmación de que la cobertura se «duplicó». Si en 2016 había 39% de hogares conectados (según datos del INEGI de ese año), el incremento a 78% en 2026 efectivamente representaría duplicación; pero las fuentes actuales no citan la cifra base ni el año de comparación.

En segundo lugar, no existe información pública sobre la distribución geográfica de la brecha. ¿Se concentra en estados específicos como Oaxaca, Chiapas o Guerrero? ¿Afecta principalmente a comunidades indígenas o localidades rurales dispersas? Sin estos datos desagregados, cualquier estrategia de cierre de brecha opera a ciegas. Organizaciones de la sociedad civil como Artículo 19 y R3D (Red en Defensa de los Derechos Digitales) han solicitado reiteradamente al IFT y a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes la publicación de mapas de cobertura actualizada, sin obtener respuesta.

En tercer lugar, el rol de los operadores privados de telecomunicaciones en el Plan 2026-2030 es opaco. ¿Hay compromisos regulatorios para que empresas como América Móvil, Telefónica o AT&T inviertan en zonas no rentables? ¿Se contempla algún esquema de subsidios cruzados o incentivos fiscales? La reforma de 2013 estableció la figura de «cobertura social» para obligar a concesionarios a ampliar sus redes en zonas desatendidas, pero los reportes públicos sobre el cumplimiento de estas obligaciones han sido escasos.

Finalmente, se desconoce el presupuesto asignado al plan y si éste contempla inversión federal directa en infraestructura (como fibra óptica o torres de telecomunicaciones) o únicamente subsidios a la demanda (apoyo a usuarios para contratar servicios). La diferencia es fundamental: la primera opción genera activos públicos permanentes; la segunda, dependencia continua de operadores privados sin garantía de sostenibilidad.

Lecciones de proyectos fallidos y el riesgo de repetir errores

México no parte de cero en política pública de conectividad, pero tampoco ha logrado institucionalizar aprendizajes. El caso de México Conectado es ilustrativo: entre 2013 y 2018 se invirtieron más de 3,000 millones de pesos en infraestructura que hoy se encuentra en gran medida inutilizada. Un análisis de la organización Social TIC en 2019 documentó que más del 60% de los puntos de acceso gratuito en escuelas rurales estaban inoperables por falta de mantenimiento o robo de equipos.

Otro ejemplo es la Red Troncal de Fibra Óptica (conocida como Red Compartida), un proyecto de infraestructura pública lanzado en 2016 con inversión inicial de 7,000 millones de pesos para competir con operadores privados. El proyecto enfrentó retrasos, sobrecostos y finalmente fue subcontratado a consorcios privados que no cumplieron las metas de cobertura. Para 2024, la red operaba solo en una fracción de las localidades prometidas.

Estos antecedentes generan escepticismo entre especialistas. ¿Qué garantiza que el Plan 2026-2030 no termine en el mismo limbo burocrático? La clave, según organizaciones como la Asociación Mexicana de Derecho a la Información (AMEDI), está en tres elementos: transparencia presupuestal, rendición de cuentas con indicadores verificables, y participación de la sociedad civil en el diseño y monitoreo. Hasta ahora, ninguno de estos elementos está presente en el plan anunciado.

Conectividad como derecho: más allá de la infraestructura

El acceso a internet en México no es solo un indicador técnico, sino un derecho constitucional desde 2013. Sin embargo, la jurisprudencia sobre este derecho sigue siendo escasa. Pocas sentencias judiciales han obligado al Estado a garantizar conectividad efectiva, y no existe aún un mecanismo de exigibilidad claro para ciudadanos o comunidades que permanecen desconectados a pesar del mandato constitucional.

El enfoque predominante en las políticas públicas ha sido de infraestructura y mercado, sin atender dimensiones socioculturales. No basta con tender cables si no hay contenidos relevantes en lenguas indígenas, si los servicios públicos digitales no están adaptados a contextos de baja escolaridad, o si persisten barreras de género en el uso de tecnología (las mujeres rurales tienen tasas de acceso significativamente menores que los hombres en las mismas comunidades, según datos de ONU Mujeres México).

Algunos municipios han explorado modelos alternativos. En Oaxaca, comunidades indígenas operan redes comunitarias de telefonía e internet bajo el modelo de Telecomunicaciones Indígenas Comunitarias A.C. (TIC A.C.), que provee servicio a más de 70 localidades. Estos proyectos, sin embargo, enfrentan trabas regulatorias y falta de apoyo institucional. El reconocimiento y escalamiento de iniciativas comunitarias podría ser una vía complementaria a la expansión comercial, pero no aparece en el discurso oficial.

¿Qué vigilar hacia 2030?

Para evaluar si el Plan Nacional de Conectividad 2026-2030 cumple sus promesas o repite los errores del pasado, será necesario exigir y monitorear indicadores específicos. Primero: publicación trimestral de datos desagregados por estado, municipio y localidad sobre nuevas conexiones instaladas, no solo proyecciones. Segundo: informes anuales de inversión ejercida, especificando origen (público, privado, mixto) y destino geográfico. Tercero: medición de calidad del servicio (velocidad real, no teórica) en las zonas recién conectadas.

Además, será indispensable monitorear el cumplimiento de los operadores privados con sus obligaciones de cobertura social, así como la existencia de mecanismos de reclamo accesibles para usuarios. La experiencia internacional muestra que sin evaluaciones externas independientes, los programas de conectividad tienden a sobrestimar sus logros.

Finalmente, el éxito del plan no debería medirse solo por el porcentaje de cobertura alcanzado, sino por indicadores de impacto: ¿cuántos estudiantes pudieron continuar su educación gracias a la nueva conexión? ¿Cuántos emprendedores rurales accedieron a mercados digitales? ¿Cuántos trámites gubernamentales se realizaron en línea en comunidades anteriormente desconectadas? Sin respuestas a estas preguntas, la conectividad será solo un número en las estadísticas oficiales, no un derecho efectivamente garantizado.