Nueve instituciones bancarias, entre ellas Scotiabank y Mifel, han proyectado que el Producto Interno Bruto (PIB) de México registrará un crecimiento inferior a 1% durante 2026, coincidiendo con las cifras de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), que recientemente ajustó a la baja su pronóstico para la economía mexicana. Esta convergencia de estimaciones pesimistas ocurre en un momento en que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) reporta que la deuda pública nacional crece a un ritmo superior al de la actividad económica, generando señales de alerta entre especialistas sobre la sostenibilidad fiscal del país.

Consenso bancario y organismos internacionales anticipan desaceleración

Las proyecciones de las instituciones financieras mexicanas se alinean con la revisión a la baja que realizó la OCDE sobre las perspectivas económicas de México. Según reporta El Informador, el organismo internacional redujo su estimación de crecimiento para el país, sumándose así a la visión cautelosa que mantienen los principales bancos nacionales. Esta confluencia de pronósticos reservados contrasta marcadamente con cifras de años anteriores y sugiere que los factores estructurales que limitaban el dinamismo económico no solo persisten, sino que podrían intensificarse.

La proyección de un crecimiento menor a 1% implica una desaceleración significativa en comparación con el promedio histórico de la economía mexicana, que durante las últimas dos décadas ha oscilado entre 2% y 3% en periodos de relativa estabilidad. Las nueve instituciones bancarias que coinciden en esta estimación representan una porción sustancial del sistema financiero nacional, lo que otorga peso considerable a sus análisis económicos y modelos de proyección.

La deuda pública crece más rápido que la economía: una ecuación insostenible

Simultáneamente, el Inegi ha difundido datos que evidencian que la deuda pública de México está creciendo a un ritmo mayor que la economía, según reporta La Jornada. Este fenómeno, conocido técnicamente como un aumento en la relación deuda/PIB, constituye una de las señales más preocupantes para la sostenibilidad fiscal de cualquier nación, ya que implica que el país se está endeudando más rápido de lo que genera riqueza para pagar esas obligaciones.

La gravedad de esta tendencia se dimensiona al considerar las proyecciones de especialistas como los de la Universidad Iberoamericana, quienes alertan que la deuda pública de México podría pasar de 10.5 billones a 21.8 billones de pesos en menos de una década. Esta advertencia, difundida por la institución académica, implica prácticamente una duplicación del endeudamiento público en un periodo relativamente corto, lo que podría comprometer la capacidad del Estado para financiar programas sociales, inversión en infraestructura y servicios básicos.

El contexto de bajo crecimiento económico agrava esta situación, ya que con una economía expandiéndose menos de 1% anual, la generación de ingresos fiscales será limitada, mientras que las presiones de gasto público —derivadas de compromisos sociales, pensiones, salud y educación— tienden a mantenerse o incrementarse. Esta combinación de bajo crecimiento y alto endeudamiento configura lo que economistas denominan una "trampa fiscal", donde el margen de maniobra del gobierno se reduce progresivamente.

Factores estructurales detrás de la desaceleración

Si bien las fuentes consultadas no detallan exhaustivamente las causas específicas detrás de estas proyecciones, el contexto económico mexicano de los últimos años permite identificar varios factores estructurales que explican esta desaceleración anticipada. Entre ellos destacan la persistente debilidad en la inversión privada, tanto nacional como extranjera, que ha mostrado cautela ante la incertidumbre regulatoria y política en diversos sectores estratégicos.

Adicionalmente, el estancamiento de la productividad laboral y la informalidad que caracteriza a más del 50% del empleo en México limitan el potencial de crecimiento de largo plazo. La economía mexicana también enfrenta desafíos en su integración a las cadenas globales de valor, a pesar de las oportunidades que representan fenómenos como el nearshoring, que hasta ahora no se han materializado en inversiones de la magnitud esperada.

Otro elemento relevante es la política fiscal restrictiva que el gobierno ha mantenido en años recientes, priorizando la disciplina fiscal sobre el gasto expansivo. Si bien esta postura ha permitido mantener cierto control sobre el déficit presupuestario, también ha limitado la capacidad del Estado para actuar como motor del crecimiento económico mediante inversión pública en infraestructura y desarrollo.

Implicaciones sociales y económicas de un crecimiento por debajo del 1%

Un crecimiento económico menor a 1% tiene consecuencias tangibles para la población mexicana. En términos prácticos, significa que la generación de empleos formales será limitada, que los salarios reales experimentarán presiones a la baja o estancamiento, y que la capacidad del gobierno para expandir programas sociales se verá severamente restringida. México requiere tasas de crecimiento cercanas al 3% o 4% anual simplemente para absorber a los jóvenes que se incorporan cada año al mercado laboral.

Con proyecciones de crecimiento inferiores a 1%, el país enfrenta el riesgo de incrementar las tasas de desempleo y subempleo, lo que a su vez puede exacerbar problemas sociales como la migración, tanto interna como hacia Estados Unidos, y aumentar la vulnerabilidad de amplios sectores de la población ante la pobreza. La desaceleración también afecta la recaudación tributaria, creando un círculo vicioso donde menores ingresos fiscales limitan aún más la capacidad de inversión pública.

Para las empresas, especialmente las pequeñas y medianas, un entorno de bajo crecimiento significa mercados internos débiles, menor demanda de sus productos y servicios, y dificultades para acceder al financiamiento. El sector bancario, paradójicamente autor de estas proyecciones pesimistas, también se ve afectado, ya que en contextos de bajo crecimiento aumenta la morosidad de la cartera crediticia y se reduce la demanda de nuevos créditos.

Debate sobre sostenibilidad fiscal y capacidad de respuesta gubernamental

El escenario descrito plantea interrogantes fundamentales sobre la sostenibilidad de las finanzas públicas mexicanas y la capacidad del gobierno para responder a esta combinación de desafíos. Por un lado, especialistas como los de la Iberoamericana advierten sobre la trayectoria explosiva de la deuda pública, que de confirmarse las proyecciones, colocaría a México en niveles de endeudamiento comparables a economías que han enfrentado crisis fiscales severas.

La relación deuda/PIB es monitoreada estrechamente por agencias calificadoras internacionales, cuyas evaluaciones determinan las tasas de interés que México debe pagar por su deuda. Un deterioro en la calificación crediticia del país elevaría el costo del financiamiento gubernamental, consumiendo una porción aún mayor del presupuesto en el simple pago de intereses, recursos que dejarían de destinarse a inversión productiva o gasto social.

Sin embargo, no todos los especialistas coinciden necesariamente en la gravedad de la situación o en las soluciones requeridas. Existen voces que argumentan que México mantiene niveles de deuda manejables en comparación con otras economías emergentes y desarrolladas, y que el país cuenta con herramientas de política económica —como reforma fiscal, optimización del gasto público o impulso a sectores estratégicos— que podrían modificar estas trayectorias proyectadas.

Perspectivas y qué observar en los próximos meses

Las proyecciones económicas, por naturaleza, están sujetas a múltiples variables y pueden modificarse conforme evolucione el contexto nacional e internacional. Factores como el desempeño de la economía estadounidense —principal socio comercial de México—, las decisiones de política monetaria del Banco de México, la evolución de los precios del petróleo y las negociaciones comerciales internacionales pueden influir significativamente en el crecimiento económico real que registre el país.

En el corto plazo, será relevante observar las cifras trimestrales del PIB que publique el Inegi, que permitirán validar o corregir estas proyecciones anuales. También resultarán fundamentales los paquetes económicos que presente el gobierno, particularmente el presupuesto de egresos y la ley de ingresos, documentos que revelarán las prioridades fiscales y la estrategia gubernamental para enfrentar este escenario de desaceleración.

La Secretaría de Economía, que recientemente participó en la 94ª Reunión Anual de la Conferencia de Alcaldes de Estados Unidos según reporta Talla Política, enfrenta el desafío de articular estrategias que fortalezcan la relación económica bilateral y aprovechen oportunidades de inversión y comercio que puedan compensar las debilidades estructurales de la economía doméstica. La relación con Estados Unidos, en un contexto donde ese país también evalúa sus políticas comerciales y migratorias, será determinante para las perspectivas económicas mexicanas.

Lo que resulta indiscutible es que México se encuentra en un momento crítico donde las decisiones de política económica de los próximos meses y años determinarán si el país logra revertir esta trayectoria de bajo crecimiento y endeudamiento creciente, o si, por el contrario, se consolida un escenario de estancamiento prolongado con sus consecuentes costos sociales y económicos. La convergencia de proyecciones pesimistas de múltiples instituciones sugiere que este no es un tema de debate partidista o ideológico, sino un diagnóstico técnico que exige respuestas de política pública sólidas y sustentadas en evidencia.